La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que no interpondrá acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, por considerar que ésta es un triunfo del pueblo y no se identificaron vicios en el procedimiento legislativo que llevó a su aprobación.

El organismo denunció que actores partidistas han tratado de presionarlo y usarlo para que interponga una impugnación que paralice los efectos del cambio legislativo y satisfaga ambiciones de grupo. Ello equivaldría a dejar en manos del Poder Judicial el destino de la nueva legislación, enfatizó.

La CNDH destacó que no satisface agendas partidistas, no se atemoriza y jamás actuará bajo presión de ningún tipo, ni se supeditará a poder alguno. Apuntó que opositores a la reforma hacen el espectáculo de acudir a nuestras oficinas para interponer quejas, ofender e insultar y tomarse la fotografía. Sólo que la defensa de los derechos humanos no es un circo.

Sostuvo que la reforma judicial es facultad única del poder reformador de la Constitución, no de la Suprema Corte de Justicia ni del Poder Judicial.

Recordó que el análisis de la propuesta incluyó la celebración de diálogos nacionales, en los cuales se expresaron diversos sectores de la sociedad. Apuntó que su revisión en las dos cámaras del Congreso fue exhaustiva y suficiente. A pesar de un ambiente por momentos ríspido y los desafortunados intentos de violencia en el Senado, la aprobación final de la reforma fue pacífica y apegada a derecho, añadió.

Al no identificarse vicios en el procedimiento legislativo y como la iniciativa modifica directamente la Constitución, no puede ser impug-nada mediante una acción de incons-titucionalidad, ya que no se trata de una norma inferior sujeta a comparación con la Carta Magna, señaló.

La aprobación de la propuesta fue decisión soberana de la mayoría del pueblo, representado en las dos cámaras, puntualizó al destacar que la reforma está fundada en razones que no sólo compartimos, sino que impulsamos.

Con esta reforma al Poder Judicial, enfatizó la CNDH, ya no estará en manos de los partidos la designación de jueces, y se arrebata al presidente de la República la facultad de formular la terna de propuestas y la prerrogativa de designarlos al no haber acuerdo en el Congreso.

La comisión calificó de preocupante que legisladores, partidos, facciones de poder y hasta organismos internacionales pretendan difundir que la reforma aprobada es contraria a los derechos humanos y que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial.

Distorsionar la realidad de esta manera revela los intereses que la iniciativa busca superar, los cuales están arraigados en sectores como el de algunos trabajadores del Poder Judicial, medios de comunicación tradicionales y organismos que, bajo la fachada de defender derechos humanos, insisten en proteger privilegios, añadió.