Madrid. Mientras en el Tribunal Constitucional español se están presentando los recursos y los magistrados se preparan para las deliberaciones y decidir si ratifican la ley general de amnistía aprobada por el Congreso, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena confirmó ayer en un auto que no era aplicable la norma en el delito de malversación del que están acusados el ex presidente catalán Carles Puigdemont y sus dos ex consejeros Antoni Comín y Lluis Puig.

El pasado 30 de mayo se aprobó en el Parlamento español la ley de amnistía por 177 votos a favor y 172 en contra. La normativa surgió de las negociaciones entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los independentistas catalanes de Junts per Catalunya, que pusieron esa condición para aprobar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno.

A pesar de que la ley entró en vigor, aún quedan vacíos y algunas cuestiones a dirimir en el Tribunal Constitucional, de ahí que el ex presidente Puigdemont, que en teoría iba a ser el principal beneficiado de la ley, todavía no puede regresar al país sin el riesgo de ser detenido y procesado.

Llarena es el que mantiene la presión judicial contra Puigdemont, al que todavía reclama por el delito de malversación, al entender que éste era el único que no se podía incluir en la ley de amnistía por contravenir la normativa europea.

La defensa del líder independentista anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional de esta decisión.