Domingo 8 de septiembre de 2024, p. 5
A unas semanas del cierre del sexenio, los indicadores del avance en el combate a la corrupción no se han modificado como el gobierno había estimado al inicio de la administración y muestran que lo alcanzado aún está lejos de las metas en la materia que se había propuesto para este año el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el informe Avance y resultados enero 2023-julio de 2024 del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, recién publicado por las Secretarías de la Función Pública (SFP) y de Hacienda (SHCP), se señala que el número de víctimas de actos de corrupción en trámites públicos bajó apenas 5 por ciento entre 2017 y 2023, cuando la meta es una reducción de 52 puntos; se logró bajar la percepción que la población tiene de la incidencia de la corrupción en la administración federal en 28 por ciento, pero la meta era de 50 puntos; otro objetivo es bajar a la mitad la ocurrencia de actos de corrupción resultado de la interacción de servidores públicos, pero ha disminuido sólo 0.57 por ciento.
Trámites públicos
En uno de sus apartados, el reporte apunta que la meta del gobierno para 2024 es bajar el número de víctimas de actos de corrupción en trámites públicos en más de 52 por ciento y que pase de 14 mil 645 por cada 100 mil habitantes en 2017 a 7 mil 26. Datos de la SFP señalan que este indicador tuvo un repunte en el primer año del sexenio cuando llegó a 15 mil 732 casos, pero luego de eso bajó en 2021 a 14 mil 701.
En tanto, para 2023, el último año con datos disponibles, la cifra llegó a 13 mil 966, lo que representa una baja de sólo cinco puntos respecto a 2017.
Sobre la frecuencia de la corrupción en el gobierno federal, el informe consigna que el objetivo es que este indicador pase de 86.5 puntos registrados en 2017 a 43.3 en 2024, es decir, una baja de 50 por ciento en la proporción de las personas mayores de 18 años que opinan que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes, según mediciones del Inegi. Este índice ha ido a la baja, al pasar a 66.2 puntos en 2019, a 65.5 en 2021 y a 61.6 en 2023, pero lejos todavía del objetivo sexenal.
El parámetro que mide la ocurrencia de actos de corrupción de la interacción entre servidores públicos y la población, prácticamente no se ha movido, pues sólo bajó 0.57 por ciento.