La Federación Latinoamericana de Magistrados (Flam) llamó a las autoridades del Estado mexicano a impulsar la evolución del Poder Judicial hacia la consecución o consolidación de su independencia, no como privilegio de los jueces, sino como derecho de los ciudadanos y garantía del correcto funcionamiento del estado constitucional y democrático de derecho, que asegure una justicia accesible, eficiente y previsible.

Sobre la propuesta presidencial de reforma al Poder Judicial en México, señaló que las autoridades del país deben actuar respetando la independencia de quienes ejercen el poder jurisdiccional y evitando avasallarla con actos de gobierno que impliquen el amedrentamiento o vulneración de autonomía de quienes tienen la función de impartir justicia.

Para la organización, el respeto a los juzgadores no sólo significa resguardo para los ciudadanos, sino que constituye un deber de todos los poderes del Estado como garantía de la paz social para los justiciables que necesitan la presencia de un orden jurídico fuerte que contribuya a consolidar una justicia más eficiente y fortalecida por los actos de gobierno y por el respeto a los magistrados que la integran.

La Flam señaló en un comunicado que la organización, en la que participan 17 países latinoamericanos, está “preocupada por la situación que se configura en el proyecto de reforma constitucional impulsado en México.

“Esa preocupación es más alarmante en este caso, que promueven su aplicación en forma retroactiva, desconociendo los derechos adquiridos de aquellos magistrados designados legítimamente a la luz del sistema constitucional vigente al momento de su nombramiento.

Con ello, se propone una fórmula velada de destitución de los magistrados en funciones, sin aplicar los mecanismos previstos en la actual constitución y afectando sus derechos adquiridos.

Según el organismo, la modificación claramente aspira a generar sometimiento de los juzgadores, vulnerando la independencia del Poder Judicial, y con ello el principio de la división de poderes.