Mazatlán, Sin., Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de Sinaloa y encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), afirmó ayer que las investigaciones por parte de este organismo sobre el asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén, se basaron principalmente en la versión de un testigo presencial del crimen.

Sostuvo que la FGE siguió todo el proceso correspondiente cuando hay un homicidio, sin hacer ninguna omisión, por lo que no comparte las irregularidades que señala la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la carpeta que se le entregó.

El funcionario añadió que se encuentra tranquilo a sabiendas de que hizo las cosas bien durante las indagatorias y aseveró que si la FGR lo llama a declarar, se presentará sin ningún inconveniente.

Dámaso Castro es uno de los 26 aspirantes a suceder a la ex fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien el pasado 16 de agosto renunció al encargo, tras las inconsistencias que encontró la dependencia federal en el expediente.

La FGR atrajo el caso luego de que Ismael El Mayo Zambada, detenido en Estados Unidos el pasado 25 de julio, asegurara que fue emboscado para llevarlo a ese país, cuando esperaba reunirse en un rancho de Culiacán con el gobernador Rubén Rocha Moya y Cuén Ojeda.

En su declaración, hecha en un documento que difundió su defensa, el capo afirmó que el ex rector de la UAS fue ultimado en el mismo lugar donde él fue secuestrado; versión que ha sido apoyada por la FGR.

Sin embargo, la fiscalía estatal sostuvo en un principio que Héctor Melesio Cuén habría sido asesinado en una gasolinera la noche de ese día, cuando presuntamente le intentaban robar su camioneta.

Sucesión en la FGE

Ayer comparecieron ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) 13 de los 26 interesados en ocupar la vacante de fiscal estatal y este sábado lo harán los demás.

Miguel Calderón, titular del CESP, precisó que se trata de 18 hombres y ocho mujeres de los cuales se elegirán una terna de cinco, cuyos perfiles serán presentados al gobernador, quien descartará dos y los demás serán evaluados por los diputados del Congreso local.