Buenos Aires., El presidente Javier Milei vetó anoche la ley sancionada en el Senado que aumentaba el monto pagado a los jubilados, entre otros beneficios, con el argumento de que el dinero que se gasta en el sistema previsional afecta el presente y futuro de los jóvenes, considerando que los jubilados son descartables, como los pobres e indigentes.

Confirmó que vetará todo, porque los legisladores son irresponsables y los tildó de ser personas que hacen sumas con dificultad; son ignorantes y quieren romper a este gobierno porque si nos va bien estas ratas no vuelven más.

Milei aseguró que son 370 millones de dólares lo que supone este gasto, después de haberse apoderado del Fondo de Garantía en la Administración Nacional de Servicios Sociales, que tenía el sistema previsional para enfrentar situaciones difíciles, que suman millones de dólares y nadie sabe dónde están.

El veto va a ser completo, va a ser total, sostuvo el mandatario ultraderechsita y añadió que no sabe si podrá pagar un bono que aumentaba en algo los pagos a jubilaciones, pero muy por debajo de lo que necesitan para sobrevivir.

Déficit cero a toda costa

Su discurso es discriminatorio y fascista, señalaron algunos medios cuando el presidente sostuvo que mantendrá en cero el déficit fiscal –como pidió el Fondo Monetario Internacional– a costa de los jubilados.

Su socio, el ex presidente Mauricio Macri, de la derechista Propuesta Republicana(PRO), ayer tras reunirse con Milei decidió respaldar públicamente el veto, horas después de haber instruido a los legisladores de la alianza Juntos por el Cambio –que encabeza el PRO– a votar en contra del decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Milei. Esto provocó una ola de debates en esa alianza.Uno está a favor o en contra del cambio. Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después salir a decir que estás en contra, escribió en redes sociales la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los derechos de las personas no puede ser vetados, sostuvo el ex jefe de gobierno de esta capital, Horacio Rodríguez Larreta, también del PRO, enfrentado con Macri y Bullrich; agregó que es innegable que Argentina necesita tener déficit fiscal cero, pero no a costa de los jubilados. La ley se logró con el voto de más de dos tercios de los senadores, que refleja el costo político para Milei, cuando el apoyo a su gobierno desciende.

Si quieren subir las jubilaciones, que dejen en claro cómo lo quieren financiar, dijo el mandatario, amenazando con nuevos impuestos o endeudamientos.

Degenerados fiscales

Calificó a los legisladores de degenerados fiscales, a lo que algunos senadores respondieron: es un degenerado social que elevó a 50 por ciento la pobreza y a 25 por ciento la indigencia.

Fue el segundo golpe para Milei, después de que el Congreso rechazó el DNU, que preveía enviar cien mil millones de pesos para gastos reservados a la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado, que remplaza a la Agencia Federal de Inteligencia. Lo grave es que ya envió 80 mil millones a ese organismo y nadie sabe si se devolverán.

Por otra parte, la ministra Bullrich, advirtió que al votar en contra del DNU se imposibilita el combate al narcotráfico y el terrorismo, y advirtió un posible ataque, como respuesta al hecho de que el gobierno de Milei colocó en la lista de terroristas a la organización de resistencia palestina Hamas.

Es evidente el peligro que significa, no sólo respecto a Hamas, sino a la posibilidad de instar a un atentado de falsa bandera, para evitar que siga descendiendo el apoyo a Milei, quien hace acuerdos con Israel, desconoce el genocidio palestino y prometió que trasladará la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén.

Por otra parte, analistas denuncian que el gobierno derogó los decretos sobre “las normas que establecían la obligatoriedad del Estado de contratar los servicios del Banco Nación, Nación Seguros, Aerolíneas Argentinas –en la plataforma Optar– y YPF. Es un golpe para esas compañías, sobre las que Javier Milei no oculta sus intenciones de privatización. Para justificar la decisión, el Ejecutivo pretextó la causa en la que se investiga al ex presidente Alberto Fernández por el escándalo de los seguros. Esta lógica de poner al mercado antes que el Estado terminó en otros momentos con una fuerte vulnerabilidad social, sostiene una nota de Página/12.