El pleno del Congreso capitalino aprobó ayer en sesión extraordinaria que el incremento en las rentas de viviendas en la capital del país no podrá ser mayor al de la inflación reportada por el Banco de México.

En un plazo de apenas tres semanas y media, y sin mediar foros de opinión ni reuniones con sectores inmobiliarios, los diputados aprobaron por unanimidad modificar el Código Civil local para eliminar la proporción normativa que permitía incrementar hasta 10 por ciento el costo anual de las rentas; con ello, los arrendatarios deberán ajustarse a la inflación anual, cuyo índice se ubica actualmente en 5.1 por ciento.

La reforma obliga al gobierno local a crear un registro digital de contratos de arrendamiento, donde los arrendatarios deberán registrarlo en un plazo no mayor a 30 días una vez celebrado el contrato; además, los contratos vigentes deberán registrarse en un plazo de 90 días o menos una vez que entre en vigor la reforma. Los contratos no podrán ser públicos salvo por resolución judicial; en caso contrario, la o las personas servidoras públicas que hagan mal uso de la información podrán ser sancionadas de conformidad con las leyes aplicables.

Los legisladores avalaron también modificaciones a la Ley de Vivienda, para garantizar la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible para las personas de menores ingresos, esto es, que el gobierno capitalino ponga en renta viviendas a bajo costo.

El objetivo de todas las modificaciones, indicaron los diputados, es disminuir el costo, hacer más accesible el pago de renta y garantizar que un menor porcentaje de los ingresos de éstos sea destinado a satisfacer este derecho humano, en medio de un contexto en el que las rentas se incrementaron hasta ocho veces el salario mínimo entre 2013 y 2019.

Durante la discusión, los diputados de Morena y sus aliados destacaron la reforma como una manera de apoyar la economía de las personas que en la actualidad habitan una vivienda en renta en la ciudad; se estima que 24 por ciento de los capitalinos –poco más de 2 millones– pagan renta. Además, quienes arriendan destinan más de 40 por ciento de su salario al pago de renta, pues la mayoría no tiene acceso a créditos para la adquisición de una casa o departamento

No obstante, diputados de oposición manifestaron que se trata de una propuesta que visibiliza el problema, pero no ataca la problemática real de la demanda de vivienda en la capital.