Del paquete de 18 reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aún está a discusión la que propone la desaparición de los organismos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ya que, comentó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, le están metiendo lupa mayor.

Entrevistado en San Lázaro, comentó que el próximo jueves se votará en la Comisión de Puntos Constitucionales la reforma que posibilita la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y una semana después la reforma judicial, pero aún no hay fecha para el proyecto presidencial que elimina los órganos con autonomía, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos.

Se ha venido posponiendo la programación de la discusión del dictamen, en buena parte para poderla analizar con la mayor serenidad, de tal manera que se valoren las circunstancias, el momento y, sobre todo, si queda alojado en la mesa directiva, aprobado por esta Comisión de Puntos Constitucionales, señaló.

Entonces, agregó, será reflexión por parte de la siguiente, si pueden ampliar el diálogo, si le hacen una revisión integral, pero eso finalmente se definirá a partir del 1º de septiembre.

El diputado Mier reiteró que la que en definitiva no podrá dictaminarse es la reforma electoral, porque se tiene que hacer en comisiones unidas y una de ellas, la de Gobernación, que preside el PRI, cerró trabajos.

La que sí tiene una ruta muy clara, con una definición puntual de mandato popular es la reforma judicial, dijo, toda vez que ya tenemos un horizonte para que sea aprobada constitucionalmente y hecha su promulgación antes del 30 de septiembre.

En el caso de las otras, “la ruta ya lo va a determinar la nueva legislatura, yo ahí sí no podría opinar, y será una decisión también política por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por lo que se refiere a la sobrerrepresentación, dijo que Morena defenderá lo que está en la ley y a impulsar una reforma para regular el procedimiento, que desde hace 12 años se aplica.