Quito. El presidente de Ecuador mantiene en su propio gobierno un conflicto sin solución, el cual se ha agudizado con una querella política. Desde que se inició su gestión, el 23 de noviembre pasado, Daniel Noboa envió a su binomio, Verónica Abad, a un cuasi destierro en Israel, como embajadora especial para la paz, y ahora se encuentra en Turquía, debido a los riesgos de ataques contra Tel Aviv.

Las fuentes consultadas señalan que los dos mandatarios ecuatorianos no se hablan desde septiembre último, tras acusaciones de mal manejo de dinero en la campaña electoral del año pasado, supuestamente por parte de la entonces candidata a la vicepresidencia. Y esto se ahonda con voceros que no dejan de lanzar dardos mucho más incisivos.

Lo más reciente: Abad acusó a Noboa de violencia política de género ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La demanda incluye a la canciller Gabriela Sommerfeld, al viceministro de Política, Esteban Torres, y a la asesora presidencial Diana Jácome (quien fue candidata a la vicepresidencia con uno de los rivales de Noboa, Jan Topic).

La queja se presentó el 8 de agosto último, se hizo pública este lunes y en ella Abad argumenta que desde la designación como embajadora de la paz se inició un hostigamiento con declaraciones para obligarla a renunciar al cargo, sobre todo antes de que Noboa se postule a la reelección y ella, por mandato constitucional, lo tenga que remplazar. Esto, según el viceministro Torres, sería nefasto para el país.

¿Qué consecuencias traería esta demanda? Abad aspira a que los demandados sean destituidos del cargo, suspendidos de sus derechos de participación por cuatro años y se les imponga una multa de 32 mil dólares. Por tanto, Noboa no podría relegirse en 2025. Sin embargo, en el TCE no hay condiciones ni garantías, pues los conflictos internos de esa instancia advierten que la denuncia podría ser bloqueada o archivada.

Las autoridades del gobierno ecuatoriano temen que si la vicepresidenta asume el cargo derogaría medidas como el incremento de la tasa del impuesto al valor agregado a 15 por ciento, vigente desde el primero de abril pasado, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, además de cambios en el mismo gabinete.

Lo paradójico es que, siendo la segunda autoridad del país, debe pedir permiso a la canciller hasta para visitar a su hijo, encarcelado desde hace meses por supuestos actos de corrupción.

En una entrevista en mayo pasado, Sommerfeld dijo que Abad actuaba en contra de Ecuador en vez de cumplir con las funciones ordenadas por Noboa.

Además, Abad explicó que hay toda una estrategia para dañar su imagen y la de su familia, con cuestionamientos sobre su maternidad. También señala a Diana Jácome, asesora presidencial, pues ha dicho en varias ocasiones que Abad es una enemiga respaldada por grupos políticos que quieren atacar al Gobierno.

Jácome insinúa que la vicepresidenta es afín al movimiento Revolución Ciudadana del ex presidente Rafael Correa, lo cual cae por su propio peso si se revisan sus declaraciones en la pasada campaña electoral y cuando Abad fue candidata a la alcaldía de Cuenca.