Santiago. Más de 18 mil hogares y comercios siguen sin suministro eléctrico en la zona centro sur de Chile –7 mil en la capital– desde que hace 11 días un temporal dejó a oscuras a un millón de clientes, una crisis tan severa que el gobierno ha insinuado la creación de una compañía estatal para la distribución.

Después de eso (la reposición del suministro), debemos tener la discusión de fondo que, por cierto, no puede limitarse solamente a cómo remediamos o cómo cambiamos nuestro modelo de tarifas y cómo incentivamos la inversión privada, sino que también necesitamos tener una discusión de fondo sobre cuáles son las capacidades que queremos que tenga el Estado, para hacerse cargo de una emergencia de esta naturaleza, dijo el ministro de Energía, Diego Pardow.

En un país y una economía teñida de neoliberalismo y donde al Estado le queda apenas una función de subsidiariedad de lo que no interesa como negocio a particulares, la sola noción de aquello es inaudita, sacrílega para algunos y arrebata ánimos.

Todo el mercado eléctrico –que en su origen y hasta la dictadura de Pinochet fue eminentemente estatal–, pertenece a privados, mayoritariamente compañías extranjeras, entre ellas chinas, estadunidenses e italianas, que además presentan integración vertical entre generación, transmisión y distribución.

Pero la crisis desatada al atardecer del 1º de agosto, cuando vientos huracanados derribaron más de 2 mil árboles y cientos de postes, no sólo derivó en protestas de una ciudadanía indignada, desesperada y que se siente burlada por la ineptitud, sino cuestionamientos sobre la disponibilidad de las eléctricas para anticipar una crisis y, desde luego, su reacción frente a ella, donde la falla ha sido monumental.

Los postes, por ejemplo, están saturados de cables inútiles que los sobrecargan y una ley que dispone su retiro simplemente no se acata; o bien la poda de los árboles, responsabilidad de las eléctricas cuando las ramas se entrecruzan con las líneas. O simplemente la falta de cuadrillas de auxilio.

Las reacciones no se hicieron esperar.

El presidente de la patronal Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, advirtió que el Estado chileno, con la falta de recursos que tiene, no veo que tenga cómo hacer las inversiones que se requieren para asumir una responsabilidad de esta naturaleza. Hay otras necesidades que tiene el Estado como para meterse en un negocio de distribución eléctrica.

La derecha política, defensora del régimen neoliberal, reaccionó como un todo, señalando que iniciar un proceso de estatización es retroceder y que se está utilizando el sufrimiento de los chilenos para poner sobre la mesa una agenda ideológica y que esto es una locura, no estoy dispuesto a debatirlo, dijeron dos de sus diputados.

Inauditamente, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, apareció respaldando la opinión del dirigente empresarial y contradiciendo a su colega Pardow.

“El Estado tiene recursos limitados. Cuando uno mira las decenas de miles de millones de dólares que se han invertido y que se están invirtiendo en la industria eléctrica (...) uno dice ‘¿habría tenido el Estado la capacidad para hacer todas esas inversiones?’ (…) Pensar que el Estado va a tener recursos para afrontar todo eso, creo que es una ‘volá’ (locura), no hay posibilidad”.

El gobierno mantiene de momento su amenaza de caducar a la italiana ENEL el contrato para la distribución en Santiago, y le dio un plazo fatal hasta mañana para restablecer la energía en 7 mil hogares.

Además de la Región Metropolitana de Santiago, en otras cinco regiones del país (Biobío, Araucanía, Ñuble, O’Higgins y Maule) había 11 mil clientes sin suministro.