La comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer dos dictámenes más del llamado plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante los cuales se establece que ningún servidor público podrá tener un salario más alto que el del jefe del Ejecutivo, y que le permiten al Estado retomar la rectoría de las vías férreas del país, para impulsar el servicio de transporte de pasajeros en ferrocarril.

Durante la sesión de ayer –interrumpida por algunos minutos debido a la activación por error de la alerta sísmica–, el órgano legislativo discutió la iniciativa de austeridad republicana presentada por López Obrador, la cual propuso elevar a rango constitucional que el sueldo mensual que percibe el mandatario, de 136 mil 700 pesos, sea el tope salarial del resto de los servidores públicos.

En el texto –mediante el cual se modificaron seis artículos de la Carta Magna–, se mencionó de manera específica que la remuneración de los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados electorales y demás personal del Poder Judicial de la Federación, no podrá ser mayor a la establecida para el Presidente de la República.

Durante el debate en la comisión, el diputado Jorge Triana (PAN) expresó que la actual administración quedó lejos de cumplir con la austeridad, pues rebasó cuatro veces lo que se había comprometido a erogar en gasto corriente y contrataciones de nuevo personal.

Se incluyó una reserva para especificar que la remuneración integral del Presidente no podrá exceder el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la unidad de medida y actualización (UMA). El documento se aprobó por unanimidad con 36 votos.

También se avaló el dictamen mediante el cual se faculta al Ejecutivo federal a retomar la rectoría de las líneas férreas del país, con el objetivo de otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares, para utilizar las vías y proporcionar el servicio de transporte de pasajeros por ferrocarril.

El grupo parlamentario del PAN indicó que no acompañaría la iniciativa porque abría la puerta a que las fuerzas armadas se hagan cargo de una empresa estatal de administración de trenes de pasajeros, lo cual implicaría la militarización de un servicio civil. La iniciativa fue aprobada por 30 votos en favor, 8 en contra y una abstención.

Al término de la sesión, el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo (Morena), señaló que como la discusión de cada dictamen del plan C –seis iniciativas en total– se ha llevado dos horas en promedio, propondrá a los coordinadores de los grupos parlamentarios que el análisis de los próximos cinco dictámenes se divida en dos sesiones.