lama la atención que la universidad pública y autónoma, como la Nacional (UNAM), la UAM, las estatales y hasta el mismo Poli, a pesar de su innegable importancia (casi 2 millones de estudiantes), prácticamente no aparecen como ejes claves en el discurso sobre el fortalecimiento y ampliación de la educación superior que anuncia la virtual presidenta electa Sheinbaum. Propone aumentar 300 mil lugares más, pero nunca precisa si los recursos para este fin también alcanzarán a las instituciones públicas autónomas. En contraste, por nombre, sí se mencionan las universidades del Bienestar B. Juárez. Además, se mencionan más becas y –¡por fin!– de acabar con restricciones, como el examen único y la falta de gratuidad, pero igual no se dice si esto último incluirá también a las autónomas. En general, tampoco plantea la urgente necesidad de dar un sustancial aumento al presupuesto para realmente crear una coordinación de instituciones que resuelva el rechazo masivo por la dramática ausencia de lugares para los jóvenes en la educación superior. ¿Será posible que, un día, la mexicana, que es la economía número 14 en el mundo permita que el país deje de estar en los últimos lugares de América Latina en la cobertura educativa superior?

El poco aprecio por la enseñanza –que simbólicamente incluye hoy a su nuevo secretario y predecesoras– no es nuevo. Fue similar en el sexenio que ahora termina y en los anteriores. De hecho, la política restrictiva –luego de la crisis de la deuda–comenzó en los años 90 con un regalo con veneno: los dineros adicionales para becas y estímulos creados en el sexenio de Salinas. Estos introdujeron una práctica conservadora e individualizada del trabajo académico y, más dañino aún, propiciaron el fin de las demandas colectivas –de estudiantes y profesores y trabajadores administrativos– por el presupuesto para toda la universidad. Esa situación se mantuvo en el sexenio que ahora concluye, y en el de Peña Nieto, Calderón y Fox. Ya antes, en los años 90, Zedillo, secretario de Educación, de plano advirtió a los rectores que para el gobierno sus universidades ya no eran viables. Y una vez que llegó a la Presidencia, las colegiaturas aumentaron en cientos por ciento especialmente en el norte del país, y, sin que preocupara, propiciaron en la UNAM la huelga de nueve meses y la cárcel. Fox, por su parte, vino a crear un nuevo tipo, la Universidad Tecnológica. Tecnológicas pero poco o nada universidades. Sin autonomía, pues estaban directamente a cargo del gobierno federal; sin consejos universitarios, pues eran conducidas por funcionarios y empresarios. Una alternativa barata para los jóvenes de zonas marginadas, pero fracasada. Esos jóvenes, con su creciente demanda, dejaron claro que también tenían derecho a aspirar y a estudiar en las mejores instituciones públicas. Y las universidades tecnológicas, nada menos que 100 de ellas creadas hace 20 años hoy no suman siquiera la matrícula de una pública, la UNAM. Otras propuestas alternas a la universidad, florecen en sexenios anteriores e incluyen las mencionadas del Bienestar B. Juárez, adolecen del mismo esquema: sin autonomía, sin consejos universitarios, sin condiciones laborales adecuadas para sus docentes y empleados, y tampoco son apreciadas: sólo 85 mil matriculados en este sexenio. Son propuestas que llegan desde arriba, son manejadas desde arriba y se mantienen vivas desde arriba. En contraste, una política educativa fincada en la recuperación de la fuerza de las iniciativas desde abajo ha mostrado ser más exitosa. En Oaxaca, la asamblea comunal manda, las necesidades de conocimiento de la comunidad son retomadas por los jóvenes locales y apoyadas por profesores de la universidad, aunque ocurrió que esa Universidad Comunal Autónoma de Oaxaca, con la visible omisión federal, fue despojada de su autonomía por el gobernador.

Cierto, de poco sirve la autonomía si se usa como parapeto para proteger a los grupos interesados en abusar y mantenerse en el poder y control burocrático. La falta de democracia y de respeto de la legalidad interna han convertido a muchas instituciones autónomas en verdaderas fortalezas de paz y subordinación, y la solución no depende de la magia de una forma específica de gobierno. Se requieren, eso sí indispensable, de comunidades alertas, informadas, críticas y participativas, así como de autoridades dispuestas a abrir y respetar caminos de participación. Para las y los universitarios autónomos hoy la situación es urgente. Otro sexenio de abandono político y presupuestal agravaría el descrédito ante los cientos de miles de excluidas (os) y sus familias, y las expondría al peligro de ser confundidas con organismos autónomos a fin de disminuirles una porción de los miles de millones que emplean para educar (sólo la UNAM más la UAM suman 65 mil millones).

Encima, ahí están los 43 de Ayotzinapa, que hoy representan 100 años de violencia contra los que estudian y piensan distinto al país.

* UAM-X