El presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver ya el expediente de un deudor de hacienda de miles de millones de pesos (en alusión al empresario Ricardo Salinas Pliego, cuyo nombre no mencionó): ¿van a volver a guardar el expediente? ¿Están esperando que yo me vaya? Pues aquí, dos o tres días antes vamos a decir: pues guardaron el expediente o a lo mejor no es así.

En su exigencia al Poder Judicial, López Obrador puntualizó que no estamos pidiendo que se retuerza la ley en beneficio del gobierno; al final de cuentas sería en beneficio del pueblo, porque eso es dinero del pueblo. Si se recupera va al presupuesto, y el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. No estamos pidiendo eso: lo que estamos pidiendo es que actúen de conformidad con la ley, que tengamos un auténtico estado de derecho, pero no en el discurso, no a la demagogia.

En su conferencia, sin mediar pregunta hizo alusión al largo proceso que ha tenido el litigio con Grupo Azteca por la presunta evasión fiscal de miles de millones de pesos, y recordó que en su momento un famosísimo ministro de la SCJN (Luis María Aguilar, al que tampoco mencionó expresamente) retuvo el expediente durante nueve meses sin justificación.

Desde el punto de vista legal del procedimiento, no tenía por qué llegar a la Corte el expediente, pero llega y lo atrae el ministro. Y en vez de empezar a estudiarlo para resolver si procedía que se tratara el caso en la Corte, si le correspondía a la Corte atender este asunto, como él sabe perfectamente que no es competencia de la Corte (lo sabe perfectamente porque es abogado y no se necesita ser una eminencia), lo que hace es guardarlo para ganar tiempo y esperar a ver qué pasa.

Sin embargo, ante la denuncia que el Presidente hizo con insistencia desde su conferencia matutina, finalmente se determinó someterlo a votación y los otros dos ministros consideraron que la SCJN no tenía competencia para abordar el caso porque no estaba involucrada ninguna violación constitucional. Por eso, más adelante insistió en que si ya en primera instancia la Corte resolvió que no es de su competencia, ¿ahora qué van a hacer? ¿Lo van a volver a guardar?

López Obrador censuró que en un litigio por adeudos de 33 mil 495 millones de pesos de una empresa de transportación aérea, el juez dilató 195 días la primera audiencia, y por una chatarrera que debía 19 mil 860 millones, el juez se llevó casi dos años para la primera audiencia.