Bogotá. El presidente Gustavo Petro salió al paso ayer a un creciente escándalo de corrupción que ocupa sin tregua la agenda informativa colombiana e involucra a ministros, ex ministros y altos funcionarios, señalados de haber repartido jugosos contratos a congresistas a cambio de su voto para las iniciativas gubernamentales en el Poder Legislativo.

El jefe de Estado usó su cuenta de X para recodar que desde hace más de 20 años, cuando era parlamentario, denunció esta práctica, conocida como cupos indicativos de contratación, utilizada para que los legisladores, sus alcaldes amigos y contratistas privados se quedaran con cuantiosas sumas que se usaban luego para financiar elecciones, apoyar a paramilitares o para acrecentar fortunas personales.

La airada reacción de Petro frente a la continua aparición de nuevas evidencias, documentos secretos y conversaciones vía chat de los presuntos implicados, se produjo luego de que un despacho de la Corte Suprema de Justicia filtrara a algunos medios fragmentos de la declaración de Olmedo de Jesús López, ex director de la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, actualmente preso luego de ser sorprendido en graves hechos de corrupción durante el manejo de una emergencia por sequía en el norteño departamento de La Guajira.

Una vez descubierto, y con el fin de atenuar su condena, López solicitó un principio de oportunidad ante la justicia, asegurando que tenía cómo probar que la oficina a su cargo era utilizada por el Ejecutivo para pagar favores a congresistas mediante la adjudicación de contratos.

Relató detalles de supuestas reuniones en la Casa de Nariño y en los despachos de los ministros de Hacienda y del Interior, donde –sostuvo– le dieron instrucciones para la asignación de fondos públicos mediante una red de funcionarios medios encargados de hacer llegar el dinero a su destino.

Pese a que la Fiscalía General (Procuraduría) aún no ha encontrado méritos para llamar a declarar a los funcionarios señalados por López, ni se han presentado hasta ahora pruebas fehacientes de que se haya incurrido en la vieja práctica de mantener la gobernabilidad a punta de comprar conciencias, la mayoría de los medios insisten en subirle el volumen al que no dudan en calificar de el mayor escándalo de corrupción de la historia.

Si no lo es, opinan analistas locales, pasará a la historia como el mayor y mejor coordinado escándalo mediático de los tiempos recientes para desprestigiar a un gobierno a pesar de la ausencia de pruebas.