Aun con posturas divergentes, la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) va, coincidieron los asistentes al inédito foro que comenzó ayer sobre el tema en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, aunque los legisladores del oficialismo subrayaron que los cambios son irreductibles, por ser un mandato del pueblo, la oposición condicionó las modificaciones a que se hagan con cuidado, porque equivocarse puede tener consecuencias lamentables.

Frente a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consejeros de la Judicatura y jueces, los representantes de todos los partidos políticos fijaron su postura ante los cambios constitucionales al PJF que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero.

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, señaló que este ejercicio deja clara la voluntad de impulsar el diálogo como instrumento para fortalecer la democracia, y subrayó que en las pasadas elecciones, el pueblo de México expresó su beneplácito con la propuesta de transformar el Poder Judicial. Vamos a dar cumplimiento al mandato popular, que no quepa la menor duda. Hay voluntad política de nuestro movimiento de ampliar el parlamento abierto, pero también, con toda honestidad y de manera enfática, manifestamos cuáles son los puntos irreductibles que nos planteamos, en particular la elección mediante voto popular de los juzgadores.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores morenistas, puntualizó: venimos con toda disposición a escuchar, pero venimos acompañados de una gran legitimidad. El pueblo nos otorgó el poder reformador de la Constitución y no vamos a desoír el mandato popular.

En sentido contrario, el líder de la bancada del PAN en el Senado, Julen Rementería, subrayó que, aunque hay muchos puntos de la iniciativa con los que coinciden, si nos equivocamos, las consecuencias para el país pueden ser muy lamentables.

Se argumenta, dijo, que la elección de juzgadores mediante voto popular puede solucionar problemas de corrupción y asegura mayor independencia y autonomía, y la verdad es que, por más que leemos la propuesta, no hay elementos que permitan asegurar que es así.

El líder de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, alertó que la modificación al Poder Judicial es de aquellas que requieren tiempos largos para la sana ponderación, y que los últimos meses de una administración no son el momento ideal para impulsarla, por su magnitud y consecuencias.

Por su parte, Dante Delgado, coordinador de los senadores de MC, advirtió que esta reforma debe realizarse con suficiente análisis, sin prisas, y el último mes de un presidente no es momento para hacer modificaciones sustantivas.

La presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, alertó que llevar a cabo una reforma al PJF de manera apresurada implica el riesgo de dar entrada a problemas mayores a los que se quiere resolver.

Pidió que en este ejercicio de diálogo se “diluya la idea de una decisión tomada. El paso veloz ante modificaciones estructurales sólo puede dar entrada a problemas mayores. (…) En la reforma judicial no debe pesar más la celeridad que la idoneidad”, advirtió.

Sustitución gradual, propone Pardo Rebolledo

El ministro Mario Pardo Rebolledo reconoció que es inminente que se apruebe el proyecto de López Obrador de elegir por las urnas a los juzgadores. Dijo que no está a favor de ese mecanismo, pero lanzó la propuesta de que esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual, escalonada.

Su homóloga Yasmín Esquivel fue la única de los 11 integrantes de la Corte que llegó con una propuesta de reforma alterna, en la que materializó la idea de hacer una elección progresiva de los más de mil 600 jueces y magistrados del país, para que no sean todos relevados en automático.

Ovacionada por legisladores de Morena, la ministra Lenia Batres Guadarrama aseguró que la reforma democratiza al PJF y lo limpia de elitismo para elegir a los juzgadores. Destacó que también pone tope a las altas remuneraciones de ministros, jueces y magistrados. Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial... En una palabra, es injusta, expuso.

El ministro Javier Laynez Potisek fue el más crítico de la propuesta del Ejecutivo. Discúlpeme, lo digo con todo respeto, pero me rehúso a creer que 30 años después, este sistema (judicial) sólo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias, señaló.

Arturo Zaldívar, ex ministro presidente de la Corte, cerró el foro con un reclamo indirecto a Piña por los supuestos retrocesos en el combate a la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual en el PJF que, según su dicho, ocurrieron con la llegada de la actual presidenta de la Corte, en enero de 2023.