l fallido golpe de Estado militar del general Juan José Zúñiga en Bolivia encierra una serie de interrogantes y rarezas, incluida la versión sobre un eventual autogolpe del presidente constitucional Luis Arce, pero se encuadra dentro de la guerra híbrida del Comando Sur del Pentágono y la embajada de Estados Unidos en La Paz. Tiene que ver, también, con la larga tradición putschista del generalato boliviano, formado técnica e ideológicamente con base en la Doctrina de Seguridad Nacional y la guerra de contrainsurgencia que se enseñan en las academias militares de EU.

El 24 de junio, la canciller boliviana, Celinda Sosa Lunda, convocó a la encargada de negocios Debra Hevia, titular de la embajada de EU, y le planteó un reclamo por una serie de pronunciamientos y acciones realizados por parte del personal a su cargo, considerados como una intromisión en los asuntos internos del país. El escueto comunicado de la cancillería no dio mayores detalles, pero dos días después se produjo la intentona sediciosa del comandante de las fuerzas armadas, general Zúñiga, ex jefe del Estado Mayor del ejército y experto en inteligencia militar.

El 14 de junio, Hevia, quien domina los códigos de la guerra no convencional asimétrica y las operaciones sicológicas encubiertas –y que pasó por el Centro de Operaciones del Departamento de Estado, grupo de trabajo dedicado a las tareas de inteligencia y las operaciones especiales–, había rechazado rotundamente los señalamientos del ministro de Economía local, Marcelo Montenegro, quien afirmó que su representación diplomática estaba involucrada en un golpe blando, al fomentar protestas entre transportistas y comerciantes por la falta de dólares y combustibles en el país.

Como señalamos en El Comando Sur y la guerra híbrida en Bolivia (C. Fazio, La Jornada, 29/4/24, https://rb.gy/9fwhvq), una de las principales tareas de Hevia era explotar y exacerbar las contradicciones entre Luis Arce y el ex presidente Evo Morales, así como la lucha intestina en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), como parte de una estrategia de desestabilización tendente a una revolución de color, cuyo propósito es borrar todo vestigio del proceso de cambio que comenzó en 2005. A lo que se suman las acciones de la jefa del Comando Sur, generala Laura Richardson, ejecutora de la diplomacia de guerra de la Casa Blanca y el Estado profundo ( deep state), cuyo objetivo es quedarse con el litio, las tierras raras y el agua dulce de Bolivia. Ambas funcionarias han venido alentando a los sectores golpistas de Santa Cruz y Cochabamba, que protagonizaron el putsch de 2019.

El lunes 24, el general Zúñiga amenazó con detener a Evo Morales para impedir que sea candidato a la presidencia en 2025; el martes 25 hubo rumores sobre la destitución del comandante de las fuerzas armadas, cuya cúpula se mantuvo en estado deliberativo al margen de la Constitución, y ayer 26, en el marco de su aventura golpista, y tras invadir el Palacio Quemado, Zúñiga dio 20 minutos a Arce para liberar a Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho, protagonistas del golpe de 2019.

La intentona fracasó. Pero el Comando Sur no descansa: hay que recordar el paro de los transportistas financiados por la CIA en Chile para hacer gritar la economía, y el tacnazo, la fallida sublevación militar que anticipó el derrocamiento de Salvador Allende dos meses antes del golpe de Augusto Pinochet, con apoyo del movimiento neofascista Patria y Libertad.