Con la designación de Ricardo Badin Sucar, como interventor para el proceso de liquidación del PRD, el Instituto Nacional Electoral (INE) empezó otro largo capítulo para dar por concluida la existencia legal de un partido. Sin embargo, el asunto puede demorar muchos años.

Es un procedimiento muy largo, estamos en 2024 y todavía seguimos en procedimientos de liquidación que se iniciaron en 2021, señaló Carla Humphrey, integrante de la Comisión de Fiscalización del INE.

El interventor debe documentar el patrimonio del partido, así como los adeudos, para que al final se diga si hay remanentes y éstos se devuelvan a la Tesorería de la Federación. En ese camino, el interventor debe atender todos los problemas relacionados con los juicios que son de muchos órdenes, como civiles, mercantiles y laborales.

Es un procedimiento que debemos ajustar y un tema a revisar, comentó Humphrey después de la selección de Badin por método de insaculación, entre 48 especialistas en concursos mercantiles.

La consejera anotó que el caso PRD posiblemente se lleve más años, comparado con otros recientes, pues es un partido con más de tres décadas de existencia.

Culpan a Ahumada

El partido del sol azteca interpuso decenas de juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar los resultados en cada distrito comicial, a fin de obtener por esa vía los más de 200 mil votos que faltaron para obtener al menos 3 por ciento de la votación en los comicios recientes.

Uno de los argumentos que documentó es la presunta afectación por las acciones del empresario Carlos Ahumada, quien le reclama una deuda de más de mil millones de pesos.

“No podemos dejar de señalar la mala fe de Carlos Ahumada, quien sigue denunciando al PRD, después del plantón de 2006 que encabezó López Obrador, por más de mil millones de pesos, lo que provocó al partido un embargo precautorio de las propiedades, y que nosotros seguimos combatiendo.

Le hemos ganado tanto en las instancias nacionales como en Argentina, pero ello, por ejemplo, provocó que el PRD no tuviera acceso a créditos bancarios para poder enfrentar la elección”, dijo a la prensa Ángel Ávila, representante del instituto político ante el INE, quien acudió ayer como invitado al acto público para seleccionar al interventor.

Es decir, añadió, se trata de una actitud absurda y acción maquinada de querer demandarnos después de casi 30 años, lo que generó que en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México le otorgaran las medidas cautelares para el embargo de varias de nuestras propiedades. Otro elemento que afectó al partido, reiteró, fue el crimen organizado, que bajó más de mil candidatos, situación que tuvo un impacto directo en la votación.

Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, dijo que en esta etapa precautoria, el interventor recibirá alrededor de 200 mil pesos mensuales por sus servicios, monto que cambiará cuando empiece la enajenación.