La protesta de los empleados afiliados al Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana en el acceso a las instalaciones de ArcelorMittal en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, cumplió 20 días por falta de acuerdo en torno al reparto de utilidades.

Los inconformes emplazaron a huelga el pasado 24 de mayo y el 4 de junio la iniciaron. Sin embargo, un juez ya la declaró ilegal.

El año pasado ArcelorMittal obtuvo un beneficio neto ajustado de 4 mil 900 millones de dólares.

Según la compañía con sede en Luxemburgo, se ha estado negociando, ya hubo propuestas, incluso se les pagó un bono adicional con la finalidad de que reanudaran las actividades. Ni siquiera así han entregado las instalaciones.

Además, el gigante siderúrgico alertó que 300 mil toneladas de acero permanecen detenidas.

En conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, comentó que hubo una reunión con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños, a la que acudieron representantes de ArcelorMittal y el sindicato minero.

Sin embargo, indicó que no siempre se pueden generar recursos suficientes para pagar el reparto de utilidades.

En un comunicado conjunto, organizaciones industriales y empresariales de Michoacán se manifestaron en favor de los derechos laborales, la libertad sindical y la negociación colectiva, pero rechazaron pretensiones injustificadas, paros ilegales y afectaciones a los centros de trabajo.

Asimismo, advirtieron que al ser la industria minerometalúrgica un componente esencial de múltiples actividades productivas, se están provocando afectaciones cada vez más graves en las cadenas de suministro y las exportaciones.

Con información de la Redacción y Reuters