El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha un programa de regularización administrativa para negocios con venta de alimentos, entre ellos restaurantes, cafeterías, loncherías y taquerías, a fin de que actualicen sus requisitos para opera, así como el uso de suelo y los programas de protección civil.

El secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, detalló que casi la mitad de estos negocios no está registrado ante el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles, como establece la ley en la materia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Ciudad de México existen 44 mil 98 establecimientos mercantiles del sector gastronómico, pero sólo 23 mil 595 han realizado este trámite, refirió.

De ahí que, añadió, se les invitará a iniciar su proceso de regularización, en el que se les brindará asesoría jurídica, capacitación, desarrollo empresarial y todo el acompañamiento para cumplir con la normatividad, para lo cual se habilitará una ventanilla exclusiva en el Centro de Atención Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicado en avenida Cuauhtémoc 899, planta baja.

Excluye a los de alto impacto

Akabani aclaró que de este acuerdo –que estará vigente a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y hasta el 17 de septiembre– quedan excluidos los negocios de alto impacto como bares, centros nocturnos y discotecas.

Explicó que en este proceso participarán las secretarías de Medio Ambiente, de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de Desarrollo Urbano y Vivienda. Estas tres instancias van a acompañar con personal para la regularización de estos establecimientos mercantiles.

Con este procedimiento, señaló, se busca reducir los márgenes de corrupción y dar certidumbre jurídica a la industria restaurantera y gastronómica, que representa uno por ciento del producto interno bruto de la Ciudad de México.

Comentó que se les brindará asesoría para que cuenten con un programa de protección civil y sepan cómo cumplir las medidas de medio ambiente y el tipo de utensilios que deben usar para la comida a domicilio, y en materia de uso de suelo, que estén vigentes y actualizados sus derechos.

Apuntó que no se trata de un programa punitivo, sino propositivo y coadyuvante, con el objetivo de ponerlos al día para que puedan ejercer sus actividades en las mejores condiciones.