n gobierno nuevo empezará a ejercer oficialmente sus funciones el próximo primero de octubre. En lo que sigue señalo sólo algunas cuestiones que, entre otras, considero de relevancia para esta etapa política del país.

El Estado tiene el monopolio del uso de la violencia legítima, ya sea de modo directo o autorizando el uso de la fuerza física. Hobbes planteó que el ideal de la violencia política concierne no sólo al control, sino también al uso, de modo tal que el Estado es el único actor que legítimamente puede ejercer violencia. Weber definió al Estado como la comunidad humana que reivindica de modo efectivo el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en un territorio. El Estado puede otorgar a otro agente el derecho de usar la violencia mientras siga siendo la única fuente del derecho para usarla y mantenga la capacidad de imponer ese monopolio. Existe, muy claro está, el uso ilegítimo de la violencia, que socava el orden y que puede desafiar el monopolio estatal e, incluso, establecerse como una fuente paralela de poder. El país exhibe un severo deterioro de la seguridad pública en muchas partes del territorio nacional que se manifiesta de muy distintas formas. Ciertamente, esta cuestión proviene de tiempo atrás, pero la profundización, extensión y modos de operación se han exacerbado de modo notorio y sin contención. Un Estado de derecho debe proteger los bienes jurídicos que tutela, entre éstos la vida, la libertad, el patrimonio y la seguridad. No puede haber un verdadero bienestar social sin seguridad pública. En este sentido, el papel del Ijército adquiere una relevancia que ha de estar de acuerdo con la magnitud y la naturaleza del problema. La definición de una estrategia de seguridad y del ámbito castrense son cuestiones primordiales para el próximo gobierno.

Los recursos públicos son finitos y hay una diversidad de demandas sociales, muchas de ellas aun precariamente satisfechas, que compiten por ellos. El caso del sistema de salud pública es notorio, pero por supuesto no único. La reciente gestión fiscal ha cuidado de la estabilidad macroeconómica atendiendo el nivel del déficit público y la deuda. Junto a las condiciones económicas y financieras externas se ha reforzado el tipo de cambio del peso frente al dólar. La abundancia de las remesas ha contribuido de modo relevante. Pero tales condiciones no son permanentes. Este año, último de esta administración, tal situación fiscal se ha relajado. La autoridad hacendaria y la presidenta electa han declarado que habrá prudencia en cuanto al origen y el uso de los recursos públicos. En todo caso se prevé que la restricción fiscal será mayor en adelante, en un entorno en el que prevalece una inflación resistente a la baja, altas tasas de interés y una expectativa de menor crecimiento económico. El presupuesto es la expresión de las prioridades del gobierno, como quedó de manifiesto en la administración que está por terminar; está estrechamente asociado con la definición y las prioridades de las políticas públicas. También con su eficacia. Esto deberá expresarse muy pronto en el inicio de la próxima administración, con las modalidades para reducir los distintos niveles de la pobreza, donde hay aún mucho por avanzar, y consolidar el mejoramiento de los ingresos laborales centrados en el sector formal de la economía. El sector informal, definido así en términos fiscales, sigue siendo mayor a la mitad del producto que se genera en el país. El proceso de gestión de las políticas de bienestar es dinámico por su misma naturaleza y ahí hay un campo posible de creatividad y de mayor eficacia para el próximo gobierno.

La energía es un recurso esencial para mejorar las condiciones de vida de la gente, para elevar la capacidad productiva, sostener la creación de riqueza e impulsar los niveles de bienestar de esta sociedad. La soberanía energética ha de estar acompañada ineludiblemente de la transición energética y el desarrollo de los medios para enfrentar las consecuencias del cambio climático y el efecto invernadero que están en curso. Claudia Sheinbaum está, sin duda, profesionalmente preparada y capacitada en esta área y deberá liderar un proyecto que ponga al país en la senda de una reforma energética que sostenga un proceso de desarrollo económico, social y tecnológico del país capaz de cimentar el bienestar y la generación de riqueza de modo sostenible y con una mejor estructura distributiva. Este conocimiento y la experiencia en la gestión pública que ella ha acumulado en su carrera política deberán dejar una marca muy relevante de su gobierno.

La economía mexicana participa de modo activo en las corrientes globales de las inversiones y el comercio. En ese terreno tiene una posición productiva ya asentada y capacidad para generar una nueva etapa de expansión. Además, tiene una situación geográfica privilegiada por los estrechos vínculos con la economía de Estados Unidos, los que se conforman de amplios flujos de capital, productos y personas. Esto provoca, por extensión, la creación de nexos con otras naciones como ocurre ahora, por ejemplo, con China. Una clara concepción de las cambiantes condiciones geopolíticas y su significado a escala global, regional y nacional es primordial para gestionar las relaciones económicas y políticas; para situar al país en el terreno donde obtenga las mejores condiciones de las ventajas competitivas ya reveladas, así como identificar y aprovechar aquellas que puedan surgir. El activismo externo y la promoción interna son necesarias para una adaptación eficiente, productiva y rentable con los mayores beneficios sociales. La distinción básica entre las condiciones coyunturales y las estructurales es que las segundas son lo que se queda; de ahí la relevancia que tiene hoy esta fase de las relaciones externas de México. La situación actual es, obviamente, muy distinta a la que había en 1994 cuando entró en vigor el antiguo TLCAN. Aquí, una vez más, la realidad de una economía abierta tiene que aprovecharse para conformar un espacio interno que se integre a la mejor noción de soberanía posible.

Desde el primer día del próximo gobierno, la presidenta habrá de considerar cómo se verá a sí misma dentro de seis años, cuando deba entregar el poder. Tiene una buena oportunidad para que los ciudadanos la veamos entonces de manera favorable. Habrá de definir el balance correcto entre la ideología de su movimiento político y el pragmatismo en el que la política tiene necesariamente que asentarse.