La haitiana Darline, una de las migrantes desalojadas del campamento improvisado de la plaza Giordano Bruno por el Instituto Nacional de Migración (INM) la noche del miércoles, sigue en búsqueda de un espacio digno dónde vivir, pues a pesar de contar con un permiso de estancia permanente en el país, resulta insuficiente para tener acceso a una vivienda y empleo formal. Yo no quería estar aquí, pero no alcanza para la renta, aseguró.

En entrevista, al regresar a cerciorarse de que la plaza de la colonia Juárez continúa vacía, compartió que llegó al campamento en febrero pasado, cuando acudió a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y después de haber vivido en otros espacios irregulares.

Estuve en Tepito; duré casi un mes buscando rentar, pero no conseguí, y aquí también lo he hecho, pero no hay, lamentó.

El peregrinaje de Darline ha sido largo, al igual que el de muchos otros haitianos que como ella cursan su segunda migración. Antes de estar en México vivió por cinco años en República Dominicana, donde aprendió a hablar español, y después emprendió el rumbo hacia Estados Unidos, país al que espera llegar algún día.

Narró que cuando el INM realizó el operativo de desalojo, se encontraba en su trabajo, por lo que tuvo que regresar a rescatar sus cosas. Tenía mi acta de nacimiento en la carpa, llegué a tiempo, antes de que el personal de limpieza empezara a quitar las cosas, relató.

Entrevistada aparte, Anahí Ruelas, abogada del Instituto Federal de Defensoría Pública, señaló que tras el amparo urgente que tramitó este órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal ante el riesgo de expulsión y privación de la libertad de los desalojados, no han podido contactar a los migrantes para conocer su condición.

Destacó que el juez que concedió la suspensión de plano requirió a las autoridades que, una vez notificadas, rindan un informe en el que deberán detallar dónde están las personas.

Entre los principales efectos de esta medida, se ordena al INM abstenerse de realizar operativos de revisión migratoria con la figura de rescate y verificación, ya que constituyen actos de desalojo forzoso y detención arbitraria. También, los retenidos en estaciones migratorias tienen que ser liberados, recibir asistencia legal y no ser deportados, puntualizó.

Ruelas agregó que para evitar operativos similares en otros campamentos, en momentos diferentes jueces federales han otorgado a la defensoría cuatro amparos que protegen a los instalados en las zonas de la Central de Autobuses del Norte, La Merced, Vallejo y la colonia Juárez.

Lamentó que además de la omisión y negligencia de las autoridades, las personas en situación de movilidad se enfrenten a actos de discriminación y xenofobia de vecinos que rechazan su estancia en campamentos.

Alertó que de 2018 a 2023, el INM ha reducido la entrega de tarjetas de visitante por razones humanitarias, lo que complica a los indocumentados conseguir empleo formal.