La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó empezar procedimientos especiales sancionadores en una docena de expedientes de queja que involucran al jefe de Gobierno, Martí Batres, y a varios funcionarios de su gabinete, como los secretarios de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani; Andrés Lajous, de Movilidad, y Claudia Curiel, de Cultura, por probables violaciones a la norma por el uso indebido de recursos públicos, vulneración a los lineamientos para garantizar la imparcialidad, neutralidad y equidad de la elección, así como calumnia.

En algunos casos, las querellas se refieren nuevamente a la vinculación que se hizo del candidato a la jefatura de Gobierno opositor, Santiago Taboada, con el llamado cártel inmobiliario, aunque en estos casos no se impusieron medidas cautelares, como el retiro de los mensajes.

Con esta determinación, los expedientes se turnan al Tribunal Electoral capitalino, el cual determinará si se actualizan las infracciones señaladas para en su caso imponer la sanción administrativa que corresponda.

Los consejeros votaron en sesión urgente 19 expedientes, en ocho se proponía el desechamiento de las quejas, mientras en 11 se sugería empezar el procedimiento de sanción, aunque en dos casos los consejeros Erika Estrada, presidenta de la comisión, Ernesto Ramos y Mauricio Huesca, votaron en contra del sentido del proyecto para desecharlo.

Entre las quejas en las que se convalidó la existencia de una o más infracciones, figuran la revisión de más de 200 publicaciones en redes sociodigitales, como las de Batres, en la que se relaciona a Taboada con el llamado cártel inmobiliario y en las que se consideró que hubo un uso indebido de recursos públicos, vulneración a los lineamientos para garantizar la imparcialidad, neutralidad y equidad en la elección, pero se declaró la improcedencia de las medidas cautelares al advertir que las publicaciones señaladas ya no tendrían ningún impacto al haber concluido la contienda.

En otros casos, como el de Lajous, alude a un mensaje sobre la adquisición de unidades para la Red de Transporte de Pasajeros y las zonas en las que darían servicio, que se consideró una indebida difusión de programas y obras.

En el caso de las dos querellas desechadas del bloque, los consejeros advirtieron que los mensajes de funcionarios no se apreciaba que tuvieran fines propagandísticos, sino que eran de carácter informativo para los ciudadanos, uno de ellos fue el de Eduardo Clark, relacionado con el Tianguis Digital y las herramientas para hacer transparente trámites y evitar corrupción, y la otra del encargado de despacho de la fiscalía capitalina sobre los programas de política criminal y persecución penal de Iztapalapa.