a virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió ayer con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, quien el lunes ratificó que aceptó la invitación para continuar en su cargo de manera indefinida durante el sexenio entrante. La dirigente de la Cuarta Transformación y el funcionario confirmaron que las prioridades en materia económica del próximo gobierno serán estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal, reducción de deuda y viabilidad de los objetivos fiscales. Asimismo, sostuvieron que el proyecto de continuidad se basa en la disciplina financiera, acatando la autonomía del Banco de México, el apego al estado de derecho y facilitando la inversión privada nacional y extranjera.

Ni el encuentro ni los anuncios representan una novedad o una reacción precipitada, pues tanto el programa de gobierno como la permanencia de Ramírez de la O se anunciaron desde meses atrás. Con todo, el mensaje se volvió necesario a fin de atajar los rumores desestabilizadores que han proliferado en los días recientes y devolver la confianza a los agentes económicos que se han dejado llevar por la desinformación. Lo cierto es que hasta ahora no hay ni ha habido motivo alguno para hablar de una crisis de fin de sexenio como las que azotaron a México de manera recurrente en el pasado: las pérdidas bursátiles y el retroceso en el tipo de cambio comenzaron a revertirse ayer mismo, y en ningún momento alcanzaron niveles de preocupación. Quienes hoy auguran una devaluación catastrófica son los mismos que hasta hace una semana se decían alarmados porque la fortaleza del peso perjudicaba a las familias que dependen de las remesas y a la industria exportadora. Antes y ahora, estas críticas parten no de una lectura de la realidad, sino de un ánimo de revanchismo y golpeteo político.

La variación en el tipo de cambio –que, debe insistirse, ya comenzó el regreso a sus niveles prelectorales– se explica por una combinación de factores externos e internos. Entre estos últimos, destaca el nerviosismo de los inversionistas en torno a los cambios constitucionales que podría aprobar el partido gobernante si se concreta su mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. En este sentido, los capitalistas deben tener presente que el Legislativo tiene la obligación de llevar al marco jurídico el mandato de las urnas, en este caso, los lineamientos de política de Estado que Sheinbaum presentó de manera detallada a lo largo de su campaña. Lejos de asustarse por ello, los dueños de grandes capitales harían bien en recordar que, al brindar estabilidad y reforzar el mercado interno, el modelo impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y retomado por su virtual sucesora les ha traído enorme prosperidad.

También harían bien en recordar que el fundamento de toda legalidad es el respeto a la voluntad popular, y esa voluntad ha emitido un contundente mandato para que Sheinbaum Pardo concrete los ajustes pospuestos por la anómala sobrerrepresentación de las derechas en el Congreso y la connivencia del Poder Judicial con facciones políticas y económicas contrarias a los intereses nacionales.

Entre esos cambios necesarios para afianzar el desarrollo del país y garantizar la estabilidad económica se encuentra el término de aspectos aberrantes como la hipertrofia de órganos creados para garantizar la gobernanza neoliberal (es decir, la prevalencia de los negocios sobre la democracia), los cuales han sido valedores y garantes de grandes quebrantos a la hacienda pública mediante contratos leoninos e inocultablemente corruptos. La ciudadanía ha clamado por detener las sangrías al erario y la construcción de un Estado fuerte que proteja a los mexicanos de a pie de los abusos de las grandes corporaciones y eso es, ni más ni menos, la tarea que tienen frente a sí los gobernantes y representantes que entrarán en funciones en unas semanas.