Decenas de candidaturas han sido impugnadas en México por presunta suplantación de género. Falsos trans, gays y lesbianas se inscribieron como aspirantes LGBT+ para cumplir cuotas exigidas a los partidos, denuncian colectivos y autoridades.

Ha habido muchos casos: heterosexuales han estado ocupando cargos en la comunidad (LGBT+) que no les pertenecen, en espacios que no son para ellos, asegura Yunuen Tena Calderón, mujer trans de 30 años, con cabellera ensortijada y traje amarillo en Morelia, Michoacán.

Ha habido impugnaciones ante la autoridad electoral. Ojalá se logre tumbar a todos esos candidatos que no pertenecen a la población, añade la peluquera y trabajadora sexual.

Entre los candidatos registrados por el estatuto de acciones afirmativas, dirigido a poblaciones discriminadas o vulnerables, existen decenas de postulaciones impugnadas por fraude. Sólo en Michoacán han sido presentadas 26 objeciones.

Pero sin cifras aún consolidadas, un responsable de la defensoría electoral admitió que existe cerca de un centenar de impugnaciones a candidaturas LGBT+ en todo el país.

Tema espinoso

También hay falsos indígenas y discapacitados, pero el caso de la comunidad LGBT+ es el más espinoso, pues la identidad de género es un tema tan sensible y privado que es difícil de cuestionar, explica el presidente consejero del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado.

En el caso de la diversidad sexual rige el principio de autoadscripción simple, es decir, basta con que yo me reconozca como parte de la diversidad, añade Hurtado. Pero, “¿cómo le dices ‘no es cierto’? Es una línea muy delgada”, sostiene el funcionario.

En 2021, México aprobó leyes que exigen cuotas mínimas de candidaturas LGBT+ a todos los partidos, cuyo número fija cada estado.

En un país conservador y de mayoría católica, el requisito apunta a dar representatividad a la comunidad de la diversidad sexual, que ha sido tradicionalmente marginada de la política. Pero una ley promulgada con buenas intenciones se convirtió en un arma de doble filo.

Socavan los esfuerzos por la inclusión y la representación genuina de nuestras poblaciones. Quienes usurpan estas candidaturas están abusando del sistema y tergiversan logros de nuestra comunidad, se queja César Briseño, vocero del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán.

Suplantar o usurpar la plaza de un homosexual no está catalogado como delito electoral, explica Víctor Serrato, fiscal del área en Michoacán.

Desde 2018 hay registros de hombres que se hacen pasar por mujeres para cumplir la exigencia de paridad electoral, entre otras suplantaciones.

Y aunque no es nuevo, líderes de la comunidad LGBT+ consideran que los métodos son cada vez más sofisticados. En 2024 ya se blindan más a la hora de usurpar una de nuestras candidaturas. Ellos igual ya entendieron cómo darle la vuelta al reglamento, asegura Briseño, que se identifica como gay.

Dos años antes comienzan a dar donaciones a organizaciones LGBT+, se toman la foto. Simulan un vínculo con la comunidad con anticipación, detalla.