Las fallas en los servicios que ofreció el proveedor en el segundo debate presidencial como Internet y la conexión de pantallas para la transmisión tendrán una sanción de entre 600 mil y 700 mil pesos.

El oficio ya lo tiene la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral (INE) y es independiente a otras diligencias que se hagan, se informó en la Comisión Temporal de Debates, en el que la consejera Dania Ravel pidió aclarar los incidentes, porque se reportó que uno de los cables de fibra óptica estaba trozado como lo adelantó La Jornada, dos días después de ese debate que fue el 28 de abril.

Durante una sesión de esta comisión, el secretario técnico, Iván Flores, detalló que el segundo debate, efectuado en Estudios Churubusco, costó 15 millones 173 mil pesos, mientras el tercero, que fue en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, tuvo un costo de 13 millones 264 mil pesos.

Respecto de las fallas en el segundo debate, la consejera Ravel comentó que es necesario aclarar los incidentes con la conexión a Internet, pues se habla de un cable trozado. ¿Fue cortado de manera intencional por lo que se advirtió cuando subió a la azotea el personal de la UTSI? ¿O parece ser que estaba roto por el uso continuo? Es algo que debe quedar claro para no dar pauta a las especulaciones, puntualizó.

El secretario técnico de la comisión, quien es el encargado de despacho de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE, explicó que ya se ha dado parte al órgano interno de control y se informa que se aplicarán sanciones por la responsabilidad al proveedor independientemente de las diligencias que se hagan.

Apuntó que si los cables que usaron no fueron los adecuados o se hizo mal su colocación o se descuidó por dónde pasaban e incluso que si el viento los raspó y no tenían la protección necesaria, es responsabilidad del proveedor.

Nosotros contratamos un servicio y éste no se brindó en los términos en los que fue planteado; por ello, se procedió a las sanciones con el proveedor, informó.

Sin embargo, la consejera Carla Humphrey puntualizó que es necesario realizar todas las investigaciones para deslindar responsabilidades, más allá de levantar un acta de hechos.