s preocupante que a unos días de la apertura de casillas haya en ciertas zonas del país déficit de capacitadores (769) y supervisores (49) electorales, según se dio a conocer ayer en sesión extraordinaria del Instituto Nacional Electoral (INE). A pesar de que se ha emitido un número inusual de convocatorias para interesados en ocupar esos puestos, no ha habido respuesta. Algunas de las hipótesis en torno a ese rechazo se refieren a honorarios muy castigados, a riesgos de seguridad y a criterios institucionales restrictivos.

A ello debe sumarse el poco entusiasmo cívico para participar en la integración ciudadana de las mesas receptoras de votos y el jaloneo entre partidos respecto a plazos para acreditar a sus representantes: Morena asegura que tiene 100 por ciento de ellos, pero señala que el INE no procesa los registros rápida y adecuadamente, y que la coalición xochitleca no tiene suficiente personal acreditado, por lo que pidió y consiguió extender el plazo de cierre de tales inscripciones.

Más allá de las explicaciones oficiales y de las discusiones entre partidos, e igualmente entre consejeros del INE, no es tranquilizante que pueda haber tales insuficiencias en el aparato de organización de la elección con mayor número de cargos en disputa y en un ambiente de marcada rispidez en la que, por ejemplo, la coalición PRI-PAN-PRD, rezagada en las encuestas respecto a intenciones de voto, está buscando motivos para tratar de anular la elección en la mesa judicial.

En el INE persisten áreas administrativas relevantes operadas por el grupismo que construyeron Córdova, Murayama y Jacobo, principalmente, y la actual consejera presidenta, Guadalupe Taddei, no ha podido asumir el control pleno del aparato electoral. Errores y carencias propias de tal desajuste político y administrativo, más las expectativas de obstrucción o descarrilamiento que mantienen algunos segmentos opositores a la llamada 4T, podrían generar problemas e irregularidades que les caerían de perlas para promover acciones de anulación que serían resueltas en última instancia por el Tribunal Electoral.

Los desajustes electorales se producen en un contexto de alta búsqueda de motivos de tensión política y social en el país, e incluso de elevación de índices de criminalidad, llegada en algunos casos a circunstancias estremecedoras, irritantes. Pareciera que el ambiente crispado sube de nivel de manera proporcional a las consolidadas tendencias de intención de voto que apuntan a Claudia Sheinbaum como la próxima presidenta de la República y a Morena como el partido receptor de más votación en lo general.

A nueve días, este jueves, de la apertura de urnas, no se han producido los escándalos, revelaciones probadas ni estremecimientos que corresponderían a la narrativa opositora relacionada con dictadura, autoritarismo y un país virtualmente al borde del abismo.

A pesar de campañas en Internet con narcoetiquetas, de la concertación de publicaciones desde el extranjero y la difusión de un libro de literatura anabélica, de latinazos y desplegados culturales, la tendencia nacional electoral no ha cambiado, pero es necesario mantenerse alerta ante los coletazos desesperados del dinosaurismo rosa, del corporativismo encabezado por Claudio X. González que busca garantizar el éxito a quienes apostaron a una ficha gelatinosa.

Mucho es lo que está en juego en estas elecciones, así que los grupos desplazados a partir de 2018 y esperanzados en su retorno al poder tienen ya muy pocos días para ensayar y detonar sus últimas cartas de desestabilización o de perturbación del proceso electoral en curso.

Y, mientras Xóchitl Gálvez se resistía ayer a aceptar que había manejado cuando menos de manera tramposa la presentación en una reunión privada de Citibanamex de la misma encuesta de Massive Caller que la coloca en mínimo rebase de Sheinbaum, encuesta que ella presentó como si fuera de la propia institución bancaria internacional, ¡hasta mañana!

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