Defensoras de derechos humanos, entre ellas Ana Lorena Delgadillo Pérez, iniciadora de la Fundación para la Justicia, y Mercedes Doretti, directora para Centro y Norteamérica del Equipo Argentino de Antropología Forense, denunciaron que desde 2016 fueron acusadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro por sus investigaciones en la masacre de San Fernando, Tamaulipas.

Ante ello, pidieron a la actual Fiscalía General de la República (FGR) detener las indagatorias o cualquier acción penal arbitraria en su contra, ya que, señalaron, la carpeta de investigación sigue abierta y puede continuar el uso indebido del sistema de justicia, sin que se les garantice el debido proceso.

Durante la presentación del informe Perseguidas, criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México, de Amnistía Internacional México, la antropóloga Doretti externó su preocupación por el espionaje y las acusaciones ilegales, ya que pueden ser detenidas al tratarse de delitos que implican la prisión preventiva oficiosa.

Quedamos sujetas a la legislación especial para estos casos y podemos ser detenidas, indicó al precisar que las imputaciones en su contra ocurrieron durante su desempeño como perito de la comisión forense que investigaba el hallazgo de más de 200 cuerpos de migrantes en 48 fosas clandestinas localizadas en el municipio de San Fernando en 2010 y 2011.

La abogada Delgadillo Pérez expuso que fue hasta 2021 –después de una larga batalla jurídica para que la entonces PGR entregara los 300 tomos del caso– cuando se enteraron de que eran objeto de espionaje y estaban siendo investigadas dentro de la misma la averiguación previa de las fosas clandestinas.

Esa información obra en el tomo 221. Fue muy fuerte enterarme que soy abogada de las víctimas (familias de migrantes) y perseguida por delincuencia organizada, interviniendo no sólo nuestros teléfonos, sino ponernos en el mismo expediente donde tenían que investigar a los responsables de la masacre.

Belem Barrera, investigadora de Amnistía Internacional México, acusó que las defensoras y la periodista Marcela Turati no han tenido la oportunidad de defenderse de las acusaciones, ya que –señaló– los agentes de la PGR nunca registraron en el sistema como tal una denuncia formal ni les han dado la calidad de imputadas, ni notificado personalmente de la acusación ni del delito por el que les investiga.