Santiago. El Parlamento de Chile aprobó el lunes un proyecto de ley que hace viable el rescate financiero de las aseguradoras privadas de salud –conocidas como Isapres (Institutos de Salud Previsional)–, según el cual los afiliados cargarán, por la vía de alzas en los precios de sus contratos, con la mayor parte del ajuste necesario para evitar que aquellas colapsen, según amenazaron.

La iniciativa se arrastraba desde hacía un año y aprobarla se volvió imperioso porque a la medianoche del domingo venció el plazo judicial para acatar un fallo de la Corte Suprema en contra de las Isapres, de noviembre de 2022, que las condenó a devolver mil 400 millones de dólares a sus clientes por sobreprecios unilaterales e ilegales aplicados durante años.

El cumplimiento de la sentencia quedó pendiente desde entonces, por la amenaza constante de las Isapres de ir a la quiebra, desamparando a unos 2.7 millones de afiliados (20 por ciento de la población chilena) y también arriesgando la operación de las clínicas privadas, a las cuales deben 700 millones de dólares y habitualmente son requeridas por el sistema público de salud, sobrepasado para atender a 15 millones de personas.

El fallo las obliga a restituir cobros discrecionales hechos entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, aplicando tablas de factores de riesgo que discriminaban por enfermedades preexistentes, edad, sexo y cargas familiares, castigando a las mujeres en edad fértil.

En 2019, el Tribunal Constitucional falló en contra de esa práctica y mandató a la Superintendencia de Salud definir una tabla única de factores de riesgo.

La legislación aprobada concede hasta 13 años para reintegrar los cobros ilegales según edad, pero permite un alza extraordinaria de precios hasta de 10 por ciento tomando como base julio de 2023. Además, el Indicador de Costos de la Salud (ICSA), usado como amortiguador para moderar las tarifas, no aplicará en 2025, 2026 y 2027, y se prevé que serán mayores a las de años precedentes.

La consecuencia será que los seguros tendrán alzas hasta de 40 por ciento, según analistas.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, justificó lo legislado con el argumento de que se arriesga seriamente que las aseguradoras puedan continuar con su función y con el financiamiento de las prestaciones a los afiliados, y también dio por cierto que la crisis arrastraría a prestadores privados (clínicas), fundamentales para cubrir las necesidades de salud de toda la población, por lo cual la aprobación de este proyecto resulta imperiosa para la estabilidad del sistema de salud en su conjunto.

La propiedad de las 10 aseguradoras que operan en Chile está mayoritariamente en manos de inversionistas estadunidenses y británicos, pero su origen, en 1981, se concentró en grupos económicos locales que lucraron con la privatización de la salud durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Tal vez el único castigo consiste en que mientras no salden cuentas, estarán impedidas para retirar utilidades, las cuales entre 1990 y 2021 alcanzaron mil 700 millones de dólares después de impuestos.

En ese periodo, la trasferencia de los usuarios al sistema fue de 11 mil 363 millones de dólares, recursos que no se destinaron a pagar prestaciones de salud ni licencias médicas, sino a financiar la operación del sistema: gastos de administración y ventas, publicidad, gastos financieros, costos judiciales, pago de remuneraciones y utilidades.