ápido cae un gobierno bocón, chantajista y siempre amenazante acostumbrado a que sus agencias metan las narices, las armas y el espionaje en terceras naciones con el pretexto de combatir la producción y distribución de drogas, mientras en su propio territorio crece exponencialmente el consumo de narcóticos, el inventario de muertes por sobredosis y la presencia, actividad y expansión de los cárteles.

De lo anterior da cuenta lo publicado ayer por La Jornada: “el cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG) y el de Sinaloa ( CDS) tienen presencia en las 50 entidades de Estados Unidos, aseguró la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en su última Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024. Entidades como California, Arizona, Texas y Florida, por citar algunas, tienen un mayor asentamiento de miembros de los cárteles mexicanos, se precisó en un mapa del territorio estadunidense de la DEA, mismo que detalla en distintos tonos de color azul dicha presencia, se señala en el reporte”.

En tal documento, la DEA reconoce que la venta de drogas se hace posible mediante aplicaciones de mensajería encriptadas y abiertas y redes sociales, utilizadas tanto por miembros de cárteles como por traficantes callejeros para anunciar, organizar entregas y recibir pagos rápidamente, todo en un solo dispositivo y con una exposición mínima. Ambos cárteles han causado la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos. Ellos dictan el flujo de casi todas las drogas ilícitas hacia Estados Unidos y su dominio sobre el comercio de drogas sintéticas en particular es evidente en el incesante tráfico de fentanilo y metanfetamina ilícitos que cruzan la frontera hacia sus mercados.

El gobierno gringo, que –desde el periodo de Richard Nixon, en los años 70, y el de Ronald Reagan, en los 80– declaró la guerra contra las drogas, convirtiéndose, según dijo, en una de sus prioridades, no sólo resultó en un sonado fracaso en los países en los que impunemente ha metido a sus agencias, sino que constantemente crece el consumo interno de estupefacientes, mientras los cárteles se han instalado hasta en su propia cocina.

Cinco décadas de chantajes y amenazas, duro que te dale, con la exigencia de dar carta blanca a los agentes de la DEA para hacer lo que quisieran con los países vigilados, para que al final de cuentas toneladas de drogas ingresen a su propio territorio y muchos de sus habitantes terminen con severos problemas de adicción. En ese lapso, hasta 2002, el gobierno estadunidense se daba el lujo, mediante la certificación, de decidir quién sí y quién no pasaba la prueba, la suya, y ponía estrellitas de buena conducta a terceras naciones, y a la que se portara mal todo el peso del imperio. Pero, ¡sorpresa!, nunca se “autocertificó.

En este espacio se ha comentado que el saldo de la guerra contra las drogas ha sido desastroso para el gobierno estadunidense, porque tiene una sociedad cada día más dependiente de la amplia canasta de estupefacientes que ni de lejos ha podido controlar, al tiempo que crecen los decesos por sobredosis (la información es del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de aquel país). Para dar una idea, sólo entre 2015 y 2021 en aquella nación oficialmente se registraron alrededor de medio millón de muertes por esa causa, cifra similar a la pérdida en vidas registrada durante la participación estadunidense en la Segunda Guerra Mundial y casi 10 veces más por la intervención gringa en Vietnam.

Para Estados Unidos, el narcotráfico ha sido política y militarmente muy útil. Por ejemplo, no sólo lo ha utilizado como pretexto para meterse en los asuntos internos de terceros países, sino que, en contubernio con los propios cárteles, lo ha utilizado para financiar y armar ilegalmente movimientos contrarrevolucionarios para derrocar gobiernos incómodos, como en el caso de Nicaragua.

A lo largo de los años, el gobierno estadunidense se ha limitado a culpar a terceras naciones y a lavarse las manos. Los resultados están a la vista.

Las rebanadas del pastel

Sigue la mata dando: el juzgado sexto de distrito en materia del trabajo ordenó a Pemex reintegrar a María Amparo Casar el pago de su pensión. De plano, los impartidores de justicia están descarados… Hoy presentan el libro El Clan Yunes, con la compilación y coautoría de Tulio Moreno Alvarado, director de La Jornada Veracruz, y la participación de René Montero, Luis Adalberto Maury y Ricardo Azamar. La cita es a las 14 horas en el auditorio de El Colegio de Veracruz.

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