El cambio de medida cautelar a ocho miembros del Ejército presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para que sigan su proceso en libertad, es muestra de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sigue litigando a favor de los militares acusados en el caso, sostuvieron organizaciones que acompañan a los padres y madres de los estudiantes.

Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), de la Montaña Tlachinollan y Serapaz, entre otros, reiteraron que el poder militar, sin contrapesos, afecta a la justicia y el esclarecimiento del caso.

En tanto Arturo Medina, presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia, se limitó a decir que ayer celebró una reunión de trabajo con la Secretaría Técnica, en la que se revisaron temas prioritarios.

El también subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación aseguró que están comprometidos con la verdad y la justicia; sin embargo, no se refirió a la liberación de los militares.

Las organizaciones recalcaron que a la defensa jurídica de la Sedena se suma la reticencia de entregar todos los documentos en poder del Ejército, entre ellos más de 800 folios que los padres de los estudiantes han demandado desde el año pasado, recalcaron.

Consideraron que la determinación de la jueza segunda de distrito en procesos penales federales, con sede en Toluca, Raquel Duarte Cedillo, fue tomada con un criterio parcial y sesgado.

Con la medida cautelar otorgada a los ex miembros de los batallones 27 y 41 de infantería en Guerrero, ninguno de los acusados por la desaparición forzada de los 43 estudiantes queda en prisión, aunque siguen su proceso en libertad condicional.

En abril pasado, el ex titular de la entonces Procuraduría General de la República Jesús Murillo Karam obtuvo de un tribunal colegiado el beneficio de la prisión domiciliaria, como parte del proceso penal en su contra por los delitos de desaparición forzada, coalición de servidores públicos y tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos, involucrado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El ex funcionario ha sido señalado como responsable de construir la llamada verdad histórica sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Además de él, el general en retiro Rafael Hernández Nieto, quien era comandante del 41 batallón de infantería de ese municipio durante los hechos dejó la cárcel y continúa su proceso en libertad, luego de que también la jueza Duarte Cedillo le retiró la prisión preventiva al acatar una sentencia de amparo.