La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma para endurecer las penas por falsificación de medicamentos y tipificar como delito la venta de fármacos caducos en establecimientos o por Internet.

En el dictamen aprobado ayer sin discusión, la comisión resaltó que desde la pandemia de covid-19 aumentó la oferta y venta de medicamentos falsificados, y el año pasado la industria farmacéutica comenzó a observar mayores casos de comercialización de productos de libre venta como analgésicos, antinflamatorios, antidiarreicos y antiácidos que no eran auténticos.

Lo cierto es que la venta ilegal se ha ampliado. Ya no se falsifican únicamente medicamentos de especialidad, como los que se usan contra el cáncer, sino sustancias básicas como el paracetamol o hasta la sal de uvas, alertó la comisión.

Además, manifestó que aun cuando la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios ha mejorado la detección de fármacos falsos, aún faltan medidas para controlar este mercado negro que va en aumento en el país, según advierten expertos en salud.

Para expresar el alcance de la reforma a la Ley General de Salud, planteó como indispensable poner un alto al tráfico, adulteración y falsificación de medicamentos, así como al tráfico de drogas, de los problemas que más daño ocasionan la población. La legislación penal debe ofrecer un patrón de respuesta adaptado a la realidad criminal para evitar crear campos de impunidad.

La Ley General de Salud prevé sanciones de uno a nueve años de prisión a quien ofrezca, venda, comercie y distribuya medicamentos falsificados, adultere material de envase y sus leyendas. Con la reforma, las penas por esos delitos aumentan de un mínimo de tres años a un máximo de 20 años de cárcel.

También se agregó a la ley que quien comercie, distribuya o transporte fármacos caducos o cuya vida útil haya concluido, ya sea en establecimientos o Internet, por medio de plataformas de comercio electrónico y redes sociales, se le sancionará con prisión de tres a 15 años y una multa equivalente a un mínimo de 20 mil salarios mínimos y un máximo de 50 mil.

La misma pena se prevé para quien comercie muestras médicas en establecimientos, Internet o cualquier otro lugar.