xiste en el país un patrón de criminalización a los diversos movimientos sociales que se organizan para exigir justicia y reclamar derechos. Dicho patrón viene de lejos, ciertamente no inició en 2018; sin embargo, lamentablemente no encontramos un parteaguas en tiempos de la llamada Cuarta Transformación. Los movimientos no han declarado una tregua en sus luchas históricas, menos aún un sometimiento a la veda electoral que no les aplica jurídicamente, pero políticamente viven en la línea de ese fuego. Entre el negacionismo oficial y recientemente la noción de montajes propiciatorios que, se dice, le hacen el juego a la oposición. Ya veremos en una semana cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inicie el paro indefinido acordado en su más reciente congreso.

Coloquemos la mirada sólo en la dimensión indígena de movilizaciones, decisiones oficiales y amenazas de los últimos días. Encontramos que en el marco de las descalificaciones recibidas desde la tribuna mañanera, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha dado cuenta, a través de sus boletines, que “El 19 de abril del presente año la jueza del juzgado penal de San Cristóbal de Las Casas dictó sentencia condenatoria a los cinco defensores tseltales originarios del municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, por un delito que no cometieron… hemos insistido en que, desde mayo de 2022, Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco fueron detenidos arbitrariamente, desaparecidos, acusados y procesados penalmente como represalia a su labor como defensores comunitarios en el marco de la imposición de proyectos de infraestructura y militarización en su territorio”. Asimismo, el Frayba informó que recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la finalidad de que valore la adopción de medidas cautelares urgentes para evitar daños irreparables en la salud y vida de José Díaz, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), interno el CERSS 17 de Catazajá, por la situación en la que ha presentado signos de una enfermedad no atendida ni diagnosticada con suficiencia médica, los cuales también se observan en otros integrantes de la población interna en el penal en condiciones de hacinamiento.

Por otra parte, el pasado 30 de abril fue desalojada con lujo de violencia policiaca la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y por el Agua, organización creada a partir de la lucha contra el basurero tóxico de Cholula. Junto con Pueblos Unidos, tenían instalado un plantón frente al relleno sanitario para exigir su clausura definitiva y, pese a que habían logrado mostrar el grave daño ecológico ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por lo que ésta había avalado su clausura, la dependencia quitó los sellos para posibilitar el ingreso de la policía que escoltó a los camiones de basura para su ingreso al basurero con la consiguiente persecución de los comuneros que mantenían el plantón. No se dispone de información oficial sobre investigación alguna ante tal agresión.

Por si fuera poco este muestreo, el pasado 3 de mayo, el activista Diego García Bautista dio a conocer que durante estas últimas semanas ha sido amedrentado en su domicilio por elementos de la Policía de Investigación y que además han recibido visitas similares en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Conocemos y valoramos la lucha de Diego en pro de los pueblos originarios y su derecho a la vivienda digna. La ocupación hace tres años del edificio del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas por parte de la comunidad otomí forma parte de un largo proceso en el que el gobierno de la Ciudad de México ha incumplido acuerdos en torno a la expropiación de dos predios en la colonia Juárez de la Ciudad de México y a la fecha no ha sentado las bases para que a través del diálogo se atienda el cumplimiento del derecho a la vivienda. Se trata de un movimiento comunitario que ha sido acompañado y defendido por Diego Bautista y que no ha estado exento de amenazas y agresiones como los recurrentes cortes de luz en el edificio que alberga a 40 familias. El más grave ocurrió el 16 de octubre de 2023, cuando más de 500 elementos policiacos intentaron desalojar la toma, golpearon a niños, mujeres, hombres y periodistas; no obstante, en días posteriores un grupo de choque accionó sus armas de fuego contra ellos. La Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el Concejo Indígena de Gobierno ya promovió un pronunciamiento con muy amplio respaldo y pregunta si esta muestra de persecución política centrada en la persona de Diego Bautista ¿encierra un plan mayor? El patrón de criminalización, antes que el de justicia, está vigente en el país. Presentamos sólo unas muestras, sin duda, ajenas a la coyuntura electoral.