Abogados de la sociedad civil y académicos investigadores presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y otras autoridades de aquel país, por delitos tipificados en el Código Penal Federal mexicano, entre ellos por el asalto a la embajada de México en Ecuador.

En conferencia de prensa Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que Daniel Noboa debe ser investigado y sancionado por ordenar el allanamiento a la sede diplomática de México en Quito, por la violencia ejercida en contra de los funcionarios de la embajada mexicana, por la privación de la libertad y secuestro de Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador, asilado en la embajada, así como por las lesiones y detenciones ilegales contra funcionarios mexicanos, y el espionaje y hostigamiento en contra de la sede diplomática y por los daños que se hayan causado.

Al respecto, Raúl Armando Jiménez Vázquez, catedrático de Derecho Penal Internacional de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, expresó que la Fiscalía es competente para investigar los hechos presuntamente ilícitos, ya que el Código Penal Federal establece que se consideran como ejecutados en territorio nacional los delitos cometidos por mexicanos o extranjeros en las embajadas y delegaciones de nuestro país.

Añadió que la FGR está dotada para investigar, perseguir, procesar y sancionar a los presuntos responsables de los crímenes tipificados en el Código Federal y en los instrumentos aplicables del Derecho Internacional Convencional, bien sea que se cometan en su territorio o contra sus nacionales.

Explicó que en el caso de las conductas de la ministra Mónica Palencia –mexicana por nacimiento– del gobierno de Ecuador, se puede materializar el delito de traición a la patria, según lo establecen las fracciones I, II y XI, del artículo 123 del Código Penal Federal, así como otros ilícitos relacionados con la intervención ilegal de los teléfonos y comunicaciones de la embajada de México, y probables órdenes para hostigar a funcionarios de esa representación, como el caso de Eva Martha Balbuena.

Los denunciantes señalaron la existencia de otros posibles delitos previstos en el Código Penal Federal, como motín, terrorismo internacional, asociación delictuosa, allanamiento de morada y asalto, lesiones, privación ilegal de la libertad, y daño en propiedad ajena.