Sin discusión, el Senado aprobó ayer una minuta que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para sancionar el uso indebido de aeronaves piloteadas a distancia, conocidas como drones.

El dictamen, avalado por 94 votos favor y ocho abstenciones, plantea imponer prisión de 15 a 40 años y una multa de 400 a mil 200 unidades de medida y actualización (UMA), para quien utilice tales aparatos con fines delictivos.

Avalado la madrugada de ayer, el documento refiere que de 2020 a 2023 se han reportado 605 ataques con drones, principalmente en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La cifra muestra un crecimiento exponencial en el uso de esos dispositivos, pues en 2020 apenas se registraron cinco ataques, mientras en 2023 se tuvo conocimiento de 260. Esto demuestra una tendencia que debe ser contenida, apuntaron los legisladores.

La reforma que fue remitida al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, plantea sancionar con cárcel de 10 a 20 años a quien, mediante el uso de aeronaves pilotadas a distancia, arroje cualquier objeto o artefacto explosivo o sustancia química que impacte a cualquier persona o propiedad, para causar daño.

Cuando la persona o el bien afectado pertenezca o esté destinado a las fuerzas armadas o de seguridad pública, la pena establecida aumentará hasta en una mitad.

Para quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte drones para el transporte de artefactos explosivos, armas, narcóticos o drogas sintéticas, se establece una pena de prisión de cinco a 10 años.

También castiga con prisión de tres a cinco años a quien utilice esos dispositivos para fotografiar o realizar grabaciones de audio o video, con el fin de vigilar actividades de servidores públicos, para conocer o reportar su ubicación y de esa manera evadir su acción o ejecutar agresiones en su contra.