Madrid. El gobierno español, presidido por Pedro Sánchez y fruto de la coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la plataforma de izquierdas Sumar, decidió activar definitivamente un plan para intentar controlar al gran capital de los sectores estratégicos de su economía, sobre todo ante la ofensiva de una serie de fondos de inversión en corporaciones privadas como Naturgy, que es el principal proveedor de gas natural en España y el tercero en el mercado eléctrico. Pero también están los casos de Telefónica, de la que el gobierno se quiere hacer con 10 por ciento del accionariado ante la penetración de un fondo público saudita, y de la empresa especializada en trenes Talgo, que podría caer en manos de una empresa pública húngara y controlada por el gobierno del ultraderechista Viktor Orbán.

En el tablero de ajedrez de la economía global, los grandes fondos públicos, sobre todo los procedentes de países ricos, intentan hacerse del control de empresas estratégicas europeas, al menos eso es lo que ha detectado el gobierno español para aplicar a sus políticas a este respecto una ofensiva más agresiva a fin de no dejar que eso suceda.

Para ello están dispuestos a desembolsar centenares de millones de euros públicos con la finalidad de fortalecer la presencia del Estado en sectores como el energético, la telefonía, el transporte, las comunicaciones e, incluso, en las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA).

El último movimiento que activó todas las alertas del gobierno español fue el que realizó el fondo de los Emiratos Árabes, Taqa, que confirmó su intención de entrar al accionariado de Naturgy como socio mayoritario, con lo que se tendría el control operativo y empresarial de la corporación que abastece de gas natural a la mayoría de los ciudadanos residentes en España y es, además, el tercero en dar servicio eléctrico. Aunque todavía no logran ningún acuerdo, la empresa emiratí confirmó que mantiene conversaciones con CriteriaCaixa, CVC y GIP, los tres principales accionistas de Naturgy actualmente, al controlar, respectivamente, 26.7, 20.7 y 20.6 por ciento del capital, respectivamente, pero que las negociaciones están muy avanzadas.

Compra urgente

También están otros casos relevantes, como el que ya realizó el fondo de Arabia Saudita STC para controlar la mayoría accionarial de Telefónica y que provocó que el gobierno ordenara comprar de forma urgente hasta 10 por ciento de las acciones de la multinacional (ya posee 5 por ciento y en las próximas semanas aspira a controlar el resto). Una estrategia que ya aplicó antes para fortalecer la presencia del Estado en el gran grupo tecnológico y de defensa Indra, del que el gobierno ordenó comprar acciones hasta llegar a 28 por ciento y controlar así el consejo de administración e incidir en decisiones estratégicas.

Además, está la oferta pública de adquisición lanzada por la paraestatal húngara Magyar Vagon sobre la corporación española ferroviaria Talgo, en la que el gobierno busca intervenir a través del fondo estatal SEPI o, en su defecto, exigirle al fondo húngaro que se busque un socio industrial español.

Dentro del gobierno el debate está abierto. Hay un sector, el que representan las voces más próximas a la coalición de izquierdas Sumar, que habla abiertamente de iniciar un proceso de renacionalización de empresas estratégicas, incluidos bancos, constructoras y promotoras inmobiliarias, para influir en el mercado de forma directa.

Pero también están las voces de la ortodoxia económica comunitaria del PSOE, donde se busca un control a través de participaciones accionariales más sutiles. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó al respecto que la idea y tarea del gobierno es que puedan incorporar a las empresas estratégicas nacionales, como es el caso del grupo energético, inversores con capital claro, transparente y de ser posible español.

Mientras, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que tiene un gran peso en la toma de estas decisiones, explicó que existe el doble recurso de que dispone el gobierno en el caso de Naturgy y de otros grupos clave para los intereses de Estado: que la SEPI entre con la participación accionarial (como en el caso de Telefónica) o que se exijan una serie de requisitos a los inversores para preservar de la mejor forma posible los intereses estratégicos de España.

Con estas decisiones, de amplio calado en el mercado y en las políticas económicas del país, el gobierno intenta controlar al gran capital en los sectores estratégicos y evitar que aumente la vulnerabilidad de la ciudadanía ante los vaivenes del mercado bursátil y de los intereses empresariales ajenos al bien común. De ahí que se habla abiertamente de controlar la entrada de ese capital extranjero.