los avances en la lucha de los trabajadores de Teksid y de Grupo México en la mina de San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, propiedad de Germán Larrea, se suma el reciente caso en la mina de Tizapa del Grupo Peñoles, en Zacazonapan, estado de México. Los tres casos resaltan la importancia de la libertad, la justicia y la democracia sindical en México. La situación destaca la necesidad de una mayor atención a estas omisiones de las autoridades laborales del país. No debemos conformarnos con que las decisiones y el pleno cumplimiento de los derechos laborales sean impulsados desde fuera, como lo evidencia la reciente solicitud del gobierno de Estados Unidos para revisar las presuntas violaciones por Peñoles.

La solicitud de Washington para activar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC permite que esta herramienta crucial de resolución de controversias establecido en el tratado comercial vigente desde 2020 entre Canadá, Estados Unidos y México, aborde rápidamente las preocupaciones y violaciones relacionadas con los derechos laborales, garantizando así un cumplimiento efectivo de las disposiciones establecidas en el acuerdo, ante las simulaciones de las que algunas empresas y sindicatos de protección patronal son cómplices.

Sin embargo, estas intervenciones externas subrayan una verdad más amplia: la necesidad de fortalecer la democracia, la justicia y la libertad sindical a través de los mecanismos internos de vigilancia, inspección y cumplimiento en México. Si bien es importante que existan mecanismos internacionales para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, la verdadera eficacia y sostenibilidad de estas protecciones dependen en última instancia de la capacidad de cada país para implementar y hacer cumplir sus propias leyes.

En este sentido, la petición de Estados Unidos destaca una brecha en la capacidad de nuestro país para garantizar el respeto de los derechos en su territorio. Además, refuerza la necesidad de fortalecer las instituciones y los mecanismos de supervisión internos para prevenir y abordar las violaciones laborales de manera oportuna y efectiva, pues pese a que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha aceptado la queja y llevará una revisión extensa para dar pronta resolución a esta situación de denegación de derechos, es imperativo concentrar más esfuerzos en estas áreas. Lo anterior no sólo es crucial para el cumplimiento de los compromisos internacionales de México, sino también para proteger la dignidad y la integridad de los trabajadores en el país.

El caso de Tizapa marca un precedente para la lucha obrera. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que me honro en presidir, presentó una petición alegando violaciones a la libertad sindical y colectiva de los trabajadores, así como a sus derechos de negociación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó al Sindicato Nacional de Mineros como titular del contrato colectivo de los trabajadores de la sección 219, ya que así lo decidieron de manera libre y democrática, rechazando un amparo del sindicato patronal Frente. Esta decisión representa un avance significativo en la protección de los derechos y las libertades.

Es crucial que México fortalezca su compromiso con la libertad sindical y la justicia laboral. No podemos depender sólo de obligaciones internacionales para garantizar estos derechos. Más bien, se requiere una voluntad política firme para construir una cultura de justicia laboral. Esto implica no sólo cumplir con los requisitos de tratados internacionales, como el T-MEC, sino también promover activamente la participación sindical, la negociación colectiva y la protección de los derechos de los ­trabajadores.

El papel del gobierno mexicano en la promoción de la libertad sindical es fundamental para el desarrollo de un entorno laboral justo, equitativo y próspero. El compromiso con una agenda progresista, moderna y respetuosa de los derechos humanos es esencial para garantizar que los trabajadores tengan la libertad de asociación, negociación colectiva y participación. Sin duda, se debe fortalecer la voz de los trabajadores en las negociaciones contractuales y fomentar la democracia en el lugar de trabajo, lo que a su vez permite alcanzar condiciones laborales igualitarias y una mayor estabilidad económica y social, generando grandes beneficios para los trabajadores y sus familias.

El resultado en Tizapa, producto de arduas negociaciones conciliatorias, es un recordatorio contundente de la importancia de fortalecer la libertad sindical en México. Además de ser una victoria para los trabajadores de la sección 19 del sindicato minero, representa un paso significativo y un precedente hacia la protección de los derechos de los trabajadores del país. Este acontecimiento resalta la necesidad de que la política laboral mexicana se enfoque en garantizar la justicia y la democracia sindicales, asegurando que las decisiones tomadas por la clase trabajadora de manera interna sean respetadas.

México sigue impulsando la transformación del mundo del trabajo; sin embargo, las autoridades y las instituciones del país deben mantener un compromiso permanente para garantizar que las y los trabajadores sean respetados y protegidos en todos los niveles. No debemos olvidar la lucha y la resistencia de cientos de compañeros que a diario dan su vida para que sus derechos sean respetados ante el cinismo, la impunidad y la indiferencia de empresarios, como los que forman parte de Peñoles.