La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el próximo miércoles un amparo que, de aprobarse, obligaría al Congreso de Querétaro a emitir una nueva ley que establezca modalidades para el uso equitativo y sustentable del agua y para brindar servicios de saneamiento.

Asimismo, podría derivar en disposiciones sobre la correcta utilización de los recursos hídricos en época de estrés, de acuerdo con criterios en materia ambiental y las obligaciones constitucionales que se desprenden del derecho a este recurso.

La primera sala del máximo tribunal pospuso ayer la resolución del amparo que, entre otros puntos, ordena al gobierno estatal, encabezado por el panista Mauricio Kuri, abstenerse de conceder permisos para la venta de agua potable y residual, así como para el porteo con fines comerciales, además de verificar que los concesionarios no otorguen factibilidades para la viabilidad de desarrollos urbanos.

Para efectos de garantizar la seguridad jurídica y la regularidad constitucional en el estado de Querétaro, en tanto el Congreso del estado no modifique la Ley impugnada, la Comisión Estatal de Agua potable deberá verificar que las personas tengan un abasto mínimo necesario para cubrir sus necesidades básicas, de acuerdo con lo especificado en esta sentencia, propone el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Ayer, fuera de la Corte se manifestaron integrantes de varias organizaciones, entre ellas Redes del Agua, que aseguraron que la actual ley vulnera los derechos humanos, por lo que confían en que la SCJN la declare inconstitucional.