Estados Unidos ha iniciado 655 carpetas de investigación vinculadas al tráfico ilegal de armas a México con 463 arrestos, informó ayer el embajador estadunidense Ken Salazar.

Trabajamos juntos como socios para aumentar las investigaciones y arrestos vinculados al tráfico de armas para romper estas redes, afirmó el enviado de la Casa Blanca en una declaración difundida por su oficina.

Mediante el trabajo entre ambos países y el intercambio de información, en 2023 el gobierno de México registró más de 28 mil armas con el instrumento eTrace de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, detalló Salazar.

eTrace es la única herramienta con que cuentan las autoridades para dar con los compradores originales de las armas introducidas irregularmente desde Estados Unidos a territorio mexicano y empleadas aquí para cometer algún crimen.

El representante de Washington resaltó que las autoridades estadunidenses iniciaron 655 casos de investigación con 463 arrestos gracias al intercambio de información que se genera con este dispositivo y otros mecanismos de cooperación.

El sistema eTrace es una herramienta extraordinaria, ya que nos permite rastrear las armas y el camino que recorrieron para desarticular las operaciones de los grupos criminales. Hasta la fecha, 22 estados en México y la Fiscalía General de la República (FGR) tienen acceso a éste, y está previsto que los últimos 10 estados recibirán acceso antes de 2026, para así cubrir los 32 estados, indicó Salazar.

Añadió que una de las prioridades de la relación bilateral es detener el flujo de armas y desarticular las redes de las organizaciones criminales trasnacionales que las trafican.

Nueva unidad de investigación

Destacó que “uno de los casos que ilustran los resultados que surgen de dicha cooperación es la nueva unidad de investigación de tráfico de armas de fuego que lanzaron nuestros dos gobiernos, la cual es la primera de su tipo en el mundo.

Su objetivo es interrumpir las redes criminales vinculadas a este delito y está integrada por policías de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, que realizan carpetas de investigación del Ministerio Público Federal y colaboran con la ATF de Estados Unidos.