Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac denunciaron que la iniciativa de nueva ley ambiental implicará afectaciones al suelo de conservación al permitir la explotación de espacios en áreas naturales protegidas, además de flexibilizar los criterios para modificarlo por medio de reformas al Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, el cual sólo es competencia de la jefatura de Gobierno, a fin de que sea explotado para actividades turísticas por privados.

De facto, el Programa de Ordenamiento Ecológico como instrumento de política ambiental en la ciudad queda sin efecto, al ser sustituido por un programa general de ordenamiento territorial que aún no ha sido aprobado.

Tal situación, consideraron, se puede vincular a los constantes intentos del gobierno de reducir el suelo de conservación, pues no se establece cómo y quién define el uso potencial del suelo de conservación para determinar las actividades ahí permitidas.

La iniciativa, que denominaron ley Batres, flexibiliza el derribo de árboles, no considera la cancelación de todas las concesiones vigentes y legaliza la simulación del llamado proceso de consulta vecinal para grandes construcciones mediante la realización de estudios de impacto social.

Participación real

Destacaron que su demanda siempre ha sido la participación real, libre e informada de los pueblos y barrios originarios, no la de estudios de impacto a través de encuestas de opinión disfrazadas de consulta.

La iniciativa, que se encuentra en el Congreso de la Ciudad de México desde el 20 de marzo para ser aprobada por la actual legislatura, plantea un consejo asesor en el que no existe la obligación de incluir a pueblos y barrios, denunciaron.

Por ello, advirtieron que si no se quieren conflictos se debe evitar la imposición de leyes sin consulta previa a los pueblos y barrios originarios, ejidos y comunidades de la ciudad, por lo que solicitaron que no sea aprobada la ley ambiental y se abra un debate amplio, y convocaron a la ciudadanía a no permitir que la nueva norma afecte más el suelo de conservación.