El fenómeno del desplazamiento forzado interno (DFI) en México afecta mayoritariamente a los pueblos indígenas, los cuales, pese a representar 10 por ciento de la población total del país, están presentes en 40 por ciento de los episodios de desplazamiento registrados por la sociedad civil, señala el más reciente informe de la Relatora Especial para los Derechos Humanos del Alto Comisionado de la ONU.

Indica que el DFI en este sector se debe principalmente a la violencia relacionada con el crimen organizado, conflictos religiosos, la implementación de proyectos de desarrollo dentro del territorio, conflictos comunitarios, cambio climático, desastres de origen natural, así como la creación de reservas naturales, entre otros.

Apunta que los pueblos indígenas han sufrido históricamente desigualdades estructurales, exclusión y violencia sistemática. Además, persisten obstáculos que les impiden el pleno disfrute de sus derechos humanos, como la pobreza extrema; violencia por parte de actores armados, incluidos los grupos del crimen organizado; falta de reconocimiento de los sistemas normativos y las instituciones propias; el progresivo acaparamiento y la apropiación de sus tierras, así como el diseño e implementación de proyectos de inversión por parte del Estado y de empresas privadas.

El documento fue realizado por la relatora especial, Cecilia Jiménez-Damary, durante su visita a México entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre de 2022. En él detalla la situación sobre el DFI en México, incluidas más de 20 comunidades indígenas desplazadas principalmente de Oaxaca y Chiapas.

La relatora subraya asimismo que los pueblos originarios sufren el impacto de largos conflictos territoriales en los cuales muchas veces se verifican actos de violencia intra e intercomunitaria.

Durante su visita conoció, entre otras, la situación de desplazamiento interno y despojo de sus tierras de 200 personas mixe de la comunidad de Tierra Negra, municipio de San Juan Mazatlán, en el estado de Oaxaca, conflictos que parecen estar ocasionados por diferencias en temas agrarios, religiosos, presupuestarios y de afiliación política.

Señala que pese a que algunos de estos conflictos están latentes desde hace décadas, como en los Altos de Chiapas, no parece existir una estrategia gubernamental destinada a su prevención, atención y resolución. Además, muchos actos de violencia quedan en completa impunidad, lo que los colocaría en una posición de riesgo de ser víctimas de diversas violaciones de sus derechos humanos.

En su visita, la relatora especial recibió información sobre áreas naturales protegidas que habrían causado el desplazamiento de pueblos indígenas en las reservas de la biosfera de Montes Azules y de Calakmul, en Chiapas y Campeche, respectivamente.

El desplazamiento ha significado la pérdida de identidad social y cultural, en particular para los pueblos indígenas, que tienen un especial apego a sus tierras ancestrales. Familias desplazadas lamentaron que las nuevas generaciones hayan perdido el vínculo con su territorio, y se hayan debilitado sus usos y costumbres. Mujeres desplazadas expresaron preocupación por el hecho de que sus hijas e hijos estén perdiendo su lengua materna, y adultos mayores expusieron su temor a morir lejos de sus comunidades de origen. Las personas entrevistadas manifestaron que su llegada a zonas urbanas los ha marginalizado, los ha despojado de su identidad social y cultural, y ha causado el debilitamiento de sus instituciones tradicionales.

Agrega que esta situación ha llevado a muchos pueblos originarios desplazados a organizarse para buscar su retorno y la protección de sus derechos humanos.

Cuando esto ocurre, se enfrentan con la discriminación y el racismo de los operadores de justicia y con una sistemática dilación del acceso a la justicia. También sufren represalias y agresiones, e incluso asesinatos de líderes indígenas. Algunos no pueden regresar a sus comunidades debido a que existen órdenes de aprehensión emitidas en el marco de conflictos intracomunitarios, resalta.