Mientras las autoridades judiciales de Estados Unidos definen la legalidad de la ley SB4 de Texas, otros estados buscan adoptar el modelo de la ley texana, calificado como xenófobo por el gobierno de México.

La SB4 creó el nuevo delito de entrada ilegal a territorio texano y faculta a policías y jueces locales a detener, encarcelar y deportar extranjeros por la sola sospecha de que sean inmigrantes sin documentos y contempla penas para ellos de hasta 20 años de prisión.

Tanto el gobierno federal estadunidense como organizaciones civiles han impugnado la ley, que sostienen que es inconstitucional. México ha solicitado a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos que mantenga congelada la SB4.

Esta misma semana, el presidente de la Cámara de Representantes de Oklahoma, el republicano Charles McCall, presentó una propuesta de ley migratoria para permitir que las autoridades estatales detengan a migrantes sin documentos.

Las políticas fallidas de la administración Biden han convertido a todos los estados en estados fronterizos, dijo McCall en un comunicado anunciando la legislación cuyo objetivo, añadió, es asegurar la frontera de Oklahoma –estado ubicado a más de 550 kilómetros de la frontera con México– contra lo que llama la actual crisis de la inmigración ilegal.

En Georgia –otro estado sin frontera con México– avanza un proyecto legislativo, conocido como Ley de Seguimiento y Denuncia de Extranjeros Criminales HB-1105, con el que la policía local deberá identificar y encarcelar a extranjeros sin documentos.

La iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Representantes y en el Senado locales, pero para convertirse en ley debe pasar nuevamente por la Cámara de Representantes y ser promulgada por el gobernador republicano, Brian Kemp.

En New Hampshire está por aprobarse una ley que permitiría que los presuntos inmigrantes sin documentos puedan ser detenidos por la policía local –en lugar de por agentes de la patrulla federal de fronteras– por allanamiento de morada.

Por separado, el Departamento de Justicia del gobierno de Joe Biden y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), han impugnado la SB4, con el argumento de que viola la ley al pasar por encima de las facultades de las autoridades federales de migración y frontera.

En tanto, medios estadunidenses han señalado que estados liderados por republicanos podrían proponer proyectos de ley similares a la SB4 si otro fallo judicial favorece la política impulsada por el gobernador texano Greg Abbott.