Guadalajara, Jal., Con la presentación de un balance hídrico, colectivos jaliscienses reprobaron a la actual administración estatal presidida por el emecista Enrique Alfaro, por su falta de compromiso para impedir la contaminación y desecación de los cuerpos de agua en el estado.

En la presentación de la Situación del agua en Jalisco: balance del gobierno saliente, en la conmemoración del Día Mundial del Agua, se expusó el tema de las enfermedades de la población, de los cientos de muertes provocadas por la contaminación de la agroindustria que fomenta la sequía con el uso intensivo del agua, de la pésima calidad del recurso que se distribuye en el área metropolitana de Guadalajara, del gasto multimillonario en plantas de tratamiento que no solucionan el problema de aguas negras que siguen arrojando a los ríos.

También se habló de los cárteles inmobiliarios que imponen proyectos que se llevan el agua de las colonias en que se asientan, de la desecación de los mantos freáticos y del bajo nivel del lago de Chapala, del que se extrae la mayor parte del líquido para consumo en la capital del estado y hoy apenas tiene un 48 por ciento de almacenamiento.

Concluyeron que “las políticas impulsadas por las autoridades benefician mayormente intereses económicos, motivan conflictos socioambientales por el agua.

En Jalisco, nos encontramos frente a escenarios preocupantes, que se agravan cada día por el cambio climático y que contrario a lo que se necesita para detener y revertir el colapso ambiental, las acciones emprendidas por las autoridades aceleran sus efectos, afectan el ciclo socio-natural del recurso y promueven un modelo de desarrollo industrialista, extractor y destructor de los elementos esenciales para la vida.

María González Valencia, activista y defensora de derechos humanos y coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, dijo que se debe hacer cumplir una ley que obligue a los grandes centros comerciales, desarrollos inmobiliarios, zonas residenciales, corredores industriales y edificios públicos a captar, tratar y reutilizar el agua de lluvia.

Se mencionó la reconversión de cultivos alimenticios hacia la agroindustria, en particular con monocultivos como el agave, las berries y el aguacate, que además de la demanda de agua erosionan suelos propiciando deslaves y falta de infiltración al subsuelo o incendios forestales en busca de ampliar las zonas de cultivo, pese a que existe una ley que impide cultivar en zonas deforestadas.

Otros señalamientos giraron en torno a las violaciones a los derechos humanos para imponer proyectos que benefician a desarrolladores inmobiliarios, como es el caso del parque San Rafael o en el área de Huentitán.

Sí hay sequía, pero está propiciada por un mal modelo de desarrollo del agua por los gobiernos. Hoy cumplimos 11 años de resistencia de nuestro colectivo vecinal, dijo Arturo Mendoza, presidente de la asociación de vecinos de Huentitán que se han opuesto y tienen detenido el proyecto residencial de Iconia.

Enrique Lira Coronado, quien durante años se ha destacado por la defensa de quienes viven en la cuenca Lerma, Chapala y Santiago, reveló que el activista Raúl Muñoz –quien ha monitoreado los efectos en la salud de quienes habitan a orillas del río Santiago en El Salto– lleva una cuenta mortal que se aproxima a las 3 mil personas fallecidas por efectos de la contaminación desde 2008, cuando el niño de 8 años Miguel Ángel López Rocha cayó a esas aguas y días después murió envenenado por el arsénico que tragó en el río.