n 2008, un año antes de su muerte en 2009 a la edad de 81 años, Peter Townsend (PT), el más importante investigador sobre la pobreza de todos los tiempos, publicó (en inglés) un informe para la OIT y la Fundación alemana GTZ, en folleto titulado: La abolición de la pobreza infantil y el derecho a la seguridad social. Un modelo para la ONU. El avance más importante del gobierno de Claudia Sheinbaum (CS) en la CDMX en política social fue el programa Mi Beca para Empezar, que transfiere dinero a los hogares por cada menor que asiste a la educación pública preescolar, primaria y secundaria. CS ha dicho que en su presidencia extenderá este programa a nivel nacional. Mundo Siglo XXI, la excelente revista que fundó y dirigió mi querido y difunto amigo Luis Arizmendi, tradujo y publicó dicho folleto en su número 15 de Invierno 2008-2009. Sintetizo la propuesta de PT, usando mi propia traducción. PT empieza así:

Vivimos en un mundo en el que a los niños se les otorga prioridad emocional y política. Cinco de los ocho Objetivos del Milenio para el Desarrollo están dirigidos a los niños: 1°, erradicar el hambre y la pobreza extrema; 2°, reducir radicalmente los índices de mortalidad; 3°, revertir el contagio de VIH/sida, malaria y otras enfermedades; 4° y 5°, garantizar acceso pleno a la escuela con equidad de género. El hecho que dichas metas hayan sido anunciadas al comienzo del siglo muestra que las políticas diseñadas durante varias décadas para proteger el bienestar infantil han fracasado y que este fracaso se acentúa por la admisión de que el progreso logrado en su cumplimiento ha sido pequeño. Los crecientes y escalofriantes informes de hambre, exposición al conflicto y abuso, pobreza extrema y muerte prematura aún experimentados por muchos millones de infantes en todo el mundo deben llamar la atención pública. Fijar nuevas metas no es suficiente. Encontrar nuevas políticas y acordarlas para remplazar las que han fracasado es la mayor prioridad. Deben tener efectos positivos directos de gran escala. El tiempo de elaboradas farsas, con proyectos piloto útiles para unos pocos menores y para la construcción de imágenes organizacionales a un costo simbólico, ha concluido. Los niveles de vida de los infantes están arropados en los de sus familias u hogares. Su seguridad social, como su participación en el ingreso y el gasto, no están definidos de manera precisa. En años recientes, prometedoras iniciativas han sido impulsadas por algunos gobiernos de países en desarrollo para acelerar el crecimiento de los sistemas de seguridad social y, en particular, para proteger, de la peor pobreza, a quienes no pueden obtener empleos pagados, incluyendo infantes, viejos y discapacitados.

Este informe, continúa PT, busca llevar el argumento tres pasos adelante: 1. Focalizar en los menores, que tienen mayor riesgo de vivir en pobreza que los adultos y no tienen oportunidad de contribuir a su propia seguridad social; 2. Precisar la naturaleza y causas de la pobreza infantil para mejorar la efectividad de la política; y 3. Demostrar que urge identificar fondos internacionales para complementar recursos nacionales para enfrentar la pobreza infantil. Una investigación para la Unicef encontró que 56 por ciento de los niños de los países en desarrollo (mil 200 millones) experimentó una o más formas de carencia severa y más de la mitad (674 millones) sufrió al menos dos formas de carencia: ausencia total de excusado, carencia de agua limpia cercana, malnutrición, hacinamiento extremo y albergue precario. Esta es evidencia más potente de la pobreza infantil que las gruesas y poco confiables estimaciones del Banco Mundial del número de menores en hogares con menos de un dólar per cápita al día, concluye PT. Dice que 10 millones de menores mueren cada año en los países en desarrollo, básicamente de causas prevenibles: malnutrición, neumonía, diarrea, sarampión y paludismo. La OMS atribuye siete de cada 10 muertes infantiles a estas cinco causas. Los estudios muestran la asociación de estas muertes con violaciones de derechos humanos. En el volumen 4, Salud, de la Serie Necesidades Esenciales en México (1982) de Coplamar les llamamos muertes evitables (ME) a las que excedieron de las muertes que México hubiese tenido si tuviese el promedio de tasa de mortalidad estandarizada por pirámides de edades) de 14 países (cuatro de América Latina y 10 de países desarrollados). Del total de muertes en 1974 en México, el 42.6 por ciento fueron ME; entre los menores de un año esta proporción fue 63.4 por ciento, y de uno a cuatro años de 80.5 por ciento. Muchas de estas muertes podían prevenirse usando tecnologías médicas disponibles a costos comparativos muy pequeños y muchas otras mediante la provisión de recursos para vivienda, agua limpia, instalaciones sanitarias, alimentos y combustibles, señala PT. El autor atribuye a un informe de la OMS en 2007, que clasificó los hogares por grado de pobreza basándose en una encuesta que captó los activos poseídos por hogar, la posibilidad de asociar la mortalidad con los niveles de pobreza en múltiples países y presenta un cuadro con los resultados obtenidos. El 36 por ciento de los niños menores de 5 años en el 20 por ciento de los hogares más pobres, en ocho países de AL, tenían baja estatura, lo que muestra desnutrición proteica, mientras en el 20 por ciento de hogares más ricos el porcentaje fue de 4 por ciento. La tasa de mortalidad fue de 9 y 4 por ciento, respectivamente. La metodología consiste en identificar los derechos otorgados a toda la población y a los niños por los acuerdos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de los Niños (1989) “contiene varios mandatos/prohibiciones para proteger a los menores de la desnutrición, maltrato, abandono, abuso y explotación y para asegurar que no estén carenciados en acceso a agua limpia, instalaciones sanitarias, vivienda, cuidado de la salud, educación e información. Ordena a los gobiernos reconocer el derecho de todo infante a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Los acuerdos internacionales, ratificados por casi todas las 191 naciones del orbe, permiten diseñar y aplicar tanto medidas o indicadores simples o múltiples sobre la negación o cumplimiento de los derechos especificados. Por tanto, las ciencias sociales tienen que desempeñar un papel considerable para coordinar la recolección y análisis de dicha evidencia y evaluar el impacto de la política. Añade PT que el lenguaje de derechos, por tanto, cambia el análisis de las condiciones mundiales y la discusión de políticas. Cambia el foco del debate: de fallas personales de los pobres, al fracaso de las estructuras económicas, de las políticas de los estados-nación y de los organismos y corporaciones internacionales para superar la pobreza. PT propone financiar la abolición de la pobreza con un impuesto a las transacciones de cambio de divisas, recursos que administraría la ONU. CS podría aplicar un impuesto similar para financiar el conjunto de apoyos a la niñez, que deben ser mucho más que transferencias monetarias si se quiere abolir la pobreza infantil.

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