La corrupción inmobiliaria ya es considerada delito en la Ciudad de México, luego de que ayer el pleno del Congreso capitalino aprobó una reforma al Código Penal local para incluir un capítulo exclusivo que tipifica este ilícito.

Ahora, cualquier servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos de ley, podrá ser acreedor a una condena de entre 10 a 20 años de prisión.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero Villaseñor, de Morena, afirmó que es totalmente plausible y entendible que se sancione con cárcel a quienes, aprovechándose de un cargo público, permitan la construcción ilegal de espacios habitacionales que ponen en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos que adquieren estos inmuebles.

Buscamos evitar que en el futuro se vuelvan a presentar casos de corrupción inmobiliaria cometidos desde las oficinas de las alcaldías y, en general, de cualquier oficina gubernamental.

Al hacer uso de la tribuna, la coordinadora de Morena, Martha Ávila, señaló que dicha reforma no se dirige a nadie en particular, pues el propósito es que ningún servidor público se valga de su puesto para hacer negocios turbios; asimismo, comentó que es una ley que debe repetirse en el ámbito federal.

Si bien la reforma fue votada por unanimidad, los panistas aseguraron que el problema de las construcciones irregulares no se resuelve de fondo, pues aún hay facultades entre el gobierno central y las alcaldías que siguen sin definirse como, por ejemplo, en materia de verificación.

En redes sociales, el jefe de Gobierno, Martí Batres, reconoció la aprobación de dicha reforma, a quien los diputados respaldaron en sus declaraciones sobre el proceso electoral local en posterior conferencia de prensa.

Por otra parte, el Congreso también aprobó una reforma a la Ley de Turismo que otorga facultades a la secretaría del ramo para administrar y operar información relacionada con plataformas de hospedaje como Airbnb, a fin de contar con datos sobre la oferta y demanda de inmuebles habitacionales para uso turístico.

Agregó que también se busca eliminar la discriminación y desigualdad, por lo que se actualizaron las definiciones de los tipos de actividad turística conforme a lo que establece la Organización Mundial del Turismo, con lo que se incorporan definiciones como turismo deportivo, gastronómico, de salud (con los segmentos médico y de bienestar), así como turismo cultural y LGBTTTIQ+.