Están libres por presuntas anomalías en su detención
Jueves 21 de marzo de 2024, p. 26
Mexicali, BC., Marte Antonio Camacho Solano, jefe de la estación migratoria de Tijuana, y María Elizabeth Paredes Sánchez, secretaria del delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en la entidad, David Pérez Tejada, fueron separados de sus puestos ayer, 20 días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación en su contra tras encontrarlos en posesión de un millón 90 mil pesos, 27 mil dólares y 15 balas calibre 9 milímetros.
El 29 de febrero, Camacho Solano y Paredes Sánchez fueron capturados por elementos de la policía ministerial de la Agencia de Investigación Criminal durante un cateo en el fraccionamiento Villas de Santa Fe quinta sección, en Tijuana.
La inspección se efectuó en un domicilio de la privada Veneto, de la calle Alicante, donde presuntamente se realizaban actividades de tráfico de personas, según la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0000550/2024.
A pesar de que se hallaron dinero y municiones, además de una libreta con tarifas a migrantes extranjeros, Óscar Saúl Cortés Ortiz, juez de distrito del centro de justicia penal en Baja California, dejó a ambos en libertad con el argumento de que el arresto había sido ilegal; la FGR impugnó y adujo que también podría configurarse el delito de operación con recursos de procedencia ilícita.
Este miércoles, en una tarjeta informativa, el INM dio a conocer que separó de sus funciones a Marte Antonio Camacho, quien estaba a cargo de la estación migratoria de la garita de El Chaparral, y a María Elizabeth Paredes, quien hasta ayer realizaba funciones administrativas en la oficina del delegado Pérez Tejada, ex diputado federal del Partido Verde Ecologista de México.
La autoridad migratoria aportará elementos que solicite el área de especialidad de control interno en el ramo Gobernación de la Secretaría de la Función Pública para que tome conocimiento de los hechos y proceda en consecuencia
, indicó.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda responsabilizó al Poder Judicial de la Federación de que ambos funcionarios quedaran en libertad.