n día después de haber suspendido de forma indefinida la aplicación de la ley SB4 de Texas, la Corte Suprema de Estados Unidos levantó el bloqueo de emergencia a esa norma, con lo que estará en vigor hasta que se emita una sentencia de fondo sobre su constitucionalidad. No obstante, durante la noche y ante la alarma de los gobiernos de México y Estados Unidos, un tribunal de apelación dio un vuelco a la decisión de la Corte y suspendió la aplicación de la ley. Antes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reprobó este viraje que habilita la persecución de las personas migrantes “mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y ‘perfilamiento racial’, que atentan contra los derechos humanos” de esa comunidad. Asimismo, la cancillería informó que no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas, una medida estipulada en la SB4. En comunicado oficial, reiteró el derecho legítimo de México de proteger los derechos de sus ciudadanos en territorio estadunidense, el cual hará efectivo al participar como amigo de la corte en la batalla jurídica contra la legislación texana y reforzando su estrategia de asistencia y protección consular.

La norma transgrede todas las convenciones internacionales en torno al asilo, la migración y los derechos humanos.

Conocida como ley Abbott, por el gobernador texano que la ha impulsado en su permanente golpeteo y extorsión contra la Casa Blanca del demócrata Joe Biden, es abiertamente contraria a las leyes estadunidenses y contiene, entre otros aspectos aberrantes, la tipificación de la migración irregular como delito, la promoción del encarcelamiento masivo (hasta 20 años de prisión por cruzar la frontera sin los documentos requeridos) y la normalización del perfilamiento racial, una práctica que causa gran repulsa en ese país debido a su pasado de esclavitud, segregación y negación de derechos a la población negra. Esa táctica acarrea el hostigamiento policial contra una persona a partir del color de su piel y sus rasgos físicos, lo que sucederá de manera inevitable con la disposición que habi-lita a las fuerzas del orden a detener a cualquier persona sospechosa de haber ingresado a Estados Unidos sin papeles en regla.

El hecho de que la Corte Suprema cambiase su postura de un día para otro fue calificado de sorpresivo por la canciller Alicia Bárcena y la pobre justificación ofrecida por la mayoría conservadora de ese tribunal abona a las suspicacias en torno a la imparcialidad de los togados. La conocida sintonía ideológica de los miembros de la Corte nombrados por el ex presidente Donald Trump con el mandatario texano, combinada con la cercanía de los comicios en los que el magnate intentará volver a la Oficina Oval, hacen pensar en la existencia de componendas y pactos inconfesables entre la cúpula judicial y la clase política republicana. A los indicios de injerencias electoreras se suma la posibi-lidad de que hayan entrado en juego presiones corporativas por parte de las empresas que hacen fortunas con la operación de cárceles privadas, cuyas ganancias son cubiertas por el presupuesto público y aumentan según el número de reclusos.

En este escenario, México no debe confiar en la institucionalidad estadunidense ni limitarse a activar su red consular. Para proteger de manera efectiva a los connacionales que pudieran ser víctimas de esta cacería racista (incluidos los que ya se encuentran asentados legalmente, pero son vulnerables por su origen étnico), el gobierno mexicano tiene que acudir ante diversos organismos internacionales para denunciar a Texas como violador de derechos humanos y agresor contra la soberanía nacional.