Pekín. El Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó ayer por unanimidad una nueva ley de seguridad nacional, a sólo 11 días de su presentación, que entrará en vigor este sábado. Esta norma considera delitos la traición, el espionaje, la injerencia externa y la sedición, con lo que se amplían los poderes del gobierno de China.

Conocida como Artículo 23, la ley fue aprobada a toda velocidad por 89 de sus 90 miembros, en una sesión especial a pedido del líder de la ciudad, John Lee, tras ser debatida desde el pasado día 8. El nuevo texto completa la primera ley sobre seguridad nacional aplicada en 2020, un año después de manifestaciones opositoras.

Hemos estado a la altura de la confianza del país, comentó Lee tras la votación.

Resaltó que el paquete de nuevas leyes es necesario para erradicar los disturbios y luchar contra lo que calificó de espionaje occidental.

El presidente del Legislativo, Andrew Leung, manifestó su confianza en que todos los congresistas se sientan satisfechos de haber participado en esta misión histórica.

La ley impondrá penas contra acciones que las autoridades consideran amenazas a la seguridad nacional, y las más graves, incluidas la traición y la insurrección, se castigarán con cadena perpetua. Los delitos menores, incluida la posesión de publicaciones sediciosas, podrían acarrear varios años de cárcel, mientras algunas disposiciones permitirán procesos penales por actos cometidos en cualquier parte del mundo.

Las autoridades de China y Hong Kong han argumentado que las nuevas leyes son necesarias para tapar lagunas jurídicas y restaurar la estabilidad en la ciudad, con el argumento de que su legislación es similar a otras normas internacionales.

La Ley Básica (miniconstitución) exige que Hong Kong promulgue una ley de seguridad nacional propia. Un intento en 2003 provocó protestas callejeras masivas que atrajeron a medio millón de personas, por lo que la legislación se archivó.

El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, aseveró que la aprobación es un retroceso para los derechos fundamentales de la población. La Unión Europea, Estados Unidos y Gran Bretaña ya habían expresado su preocupación y pidieron a los legisladores locales más tiempo para examinar su impacto, según medios occidentales.