Con el argumento de que no hay condiciones para que las personas en prisión preventiva voten en secreto y emitan un sufragio informado, el gobierno de Veracruz no ha firmado el convenio con el INE para realizar este proceso.

Fuentes del organismo dijeron que es imposible organizar la elección en Veracruz, pues funcionarios estatales les hicieron saber que no garantizarían la seguridad de sus enviados, principalmente ante los reclusos considerados de alta peligrosidad.

De acuerdo con el protocolo, los reos deben ser conducidos a un sitio privado donde reciben las boletas, pasan a una mampara a marcarlas y las devuelven en un sobre anónimo.

Esta es la primera vez que habrá voto en prisión en todo el país, en las cárceles autorizadas por los gobiernos locales, pues en contiendas anteriores (2021 y 2022) sólo se hicieron pruebas piloto.

Las personas en prisión preventiva, es decir, aquellas que no han recibido una sentencia, tienen a salvo sus derechos político electorales, por lo que pueden sufragar.

Datos oficiales recabados por el INE señalan que en Veracruz hay 4 mil 854 en prisión preventiva, internos en 18 centros.

Se calcula que en el país hay poco más de 86 mil en esa condición, alojados en alguno de los 255 centros de reclusión. Sin embargo, tras una primera revisión, se podría organizar el voto en 218.

El gobierno de Veracruz informó el lunes al INE de la respuesta que, a su vez, dio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, frente a su pronunciamiento del pasado 28 de febrero respecto a la prevención de factores de riesgo para garantizar el derecho al sufragio en prisión preventiva de forma segura, pacífica e informada.

El gobernador Cuitláhuac García dijo que no hay constancia de cómo el INE daría la información proselitista en los penales.

“¿Dejando entrar a los candidatos? ¿Pasándoles la propaganda partidista en mano?, ¡o cómo pretende garantizar que las personas al interior emitan su ‘voto informado’? Tampoco nos consta cómo el INE pretendería garantizar el voto secreto de una persona de alta peligrosidad, que debe estar vigilada todo el tiempo durante su reclusión.

“También observamos que no ha definido cómo salvar esta condición ante una obvia condicionante: ¿cómo una persona privada de la libertad, de acuerdo con el Código Penal, emite su ‘voto libre’?”