La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 13 integrantes de la comunidad indígena nahua de Ayotitlán, Jalisco, al considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, debido a su labor de defensa del territorio frente a actividades ilegales de explotación minera, por la cual han sido víctimas de actos de intimidación, violencia y desapariciones por parte del crimen organizado.

En consecuencia, la CIDH solicitó al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para garantizar la vida e integridad de los nahuas, las cuales tienen que ser concertadas antes con ellos. También le pidió informar sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que ocurren en la comunidad desde 2015.

En el esctrito que los afectados hicieron llegar a la CIDH, señalaron que la Fiscalía General de la República no habría respondido a las múltiples solicitudes de investigación de los delitos ocurridos, además de que las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos habrían sido cerradas.

En tanto, la CIDH indicó que el Estado expuso, por su parte, que el gobierno de Jalisco tiene la mejor disposición de atender las reuniones de trabajo necesarias que permitan alcanzar acuerdos satisfactorios para la comunidad indígena de Ayotitlán y de establecer un plan de trabajo coordinado entre autoridades federales y estatales para hacer frente a la problemática, sobre todo ante los señalamientos de la presencia de crimen organizado.

Asimismo, informó de la incorporación de algunos de los beneficiarios en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Persisten eventos de riesgo

La comisión si bien valoró las acciones del Estado para atender la problemática y brindar seguridad a las personas afectadas y otros integrantes de la comunidad nahua, también consideró que la puesta en práctica de las medidas de protección no ha permitido evitar la continuidad de los eventos de riesgo.

Además, tomó en cuenta que en noviembre de 2023, uno de los líderes, Higinio Trinidad de la Cruz, fue desaparecido y asesinado, y las personas beneficiarias siguen siendo objeto de amenazas de muerte, de ser desaparecidos, vigilancia en sus domicilios y llamadas de extorsión.