as destituciones, disfrazadas de renuncias, de dos importantes piezas del gobierno de Guerrero y el anuncio de la pretendida defenestración de la titular de la fiscalía estatal de justicia dan plena cuenta de la ingobernabilidad que se vive en ese estado y de la insuficiente capacidad de la gobernadora Evelyn Guerrero para ejercer el cargo.

El punto de quiebre para tales funcionarios ha sido la criminal mentira urdida en torno a los hechos que llevaron al asesinato en Chilpancingo de un joven normalista que, a su vez, había participado horas atrás en primera línea en las protestas en Palacio Nacional, que incluyeron el derribo de una puerta y la intención de irrumpir en la conferencia presidencial de prensa.

El general brigadier Rolando Solano Rivera propició o cuando menos permitió que se fabricara una versión inicial que hablaba de enfrentamiento a balazos con los normalistas como primeros disparadores, quienes llevarían drogas y armas en su vehículo, que a la vez habría sido detectado en un retén policiaco. Esa mentira fue reproducida en la mañanera, mencionando correctamente a las autoridades guerrerenses como fuente de información. Al siguiente día, el presidente López Obrador fue contundente en señalar que el estudiante había sido asesinado y que no se había producido ningún enfrentamiento.

El propio Presidente tuvo que informar de otro trago amargo, pues el policía estatal sospechoso de asesinar a Yanqui Kothan Gómez Peralta se fugó de una manera extraña, a la vez que sugerente, en medio de mutuos deslindes acusatorios de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia estatales.

Como es sabido, Evelyn Salgado llegó a la gubernatura de un estado tan complicado de gobernar sin experiencia política más allá de haber sido presidenta del DIF de Acapulco cuando su padre fue presidente municipal. Fue instalada como candidata de Morena y luego respaldada electoralmente después de que Félix Salgado Macedonio fue impedido por las autoridades electorales federales de ser candidato.

Durante décadas ha estado presente el crimen organizado en Guerrero, usualmente entendido con las autoridades gubernamentales en turno, pero en lo que va de la administración de Salgado se ha llegado a extremos de escándalo en el desbordamiento del poder de los grupos delictivos y el grado de afectación a la población civil.

La incapacidad de la gobernadora llevó el pasado 25 de enero al poder federal a imponer como secretario de Seguridad Pública al general brigadier Rolando Solano. La ceremonia de instalación estuvo llena de claves: insólitamente asistieron los secretarios de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Cresencio Sandoval y Rosa Icela Rodríguez, respectivamente. Máxima demostración de poder para el militar que suplió a un capitán naval sin la asistencia del secretario de Marina.

La salida de los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública (cuyos nombramientos a fin de cuentas fueron responsabilidad de la gobernadora) y la intención de destituir a la fiscal de justicia (quien ya anunció que defenderá su puesto), formalmente autónoma, y a reserva de que el Congreso estatal lo apruebe, son pasos desesperados, inducidos o cuando menos aplaudidos desde el poder federal, que pretenden salvar no sólo el cuadro desastroso derivado de los cárteles y la delincuencia desbordados sino, sobre todo, del tema clave para la Presidencia de la República que es el de los normalistas de Ayotzinapa, crecientemente indignados y combativos ante las evidencias de que se acerca el fin de sexenio sin verdad ni justicia y con plena impunidad militar, agravada esta percepción por el asesinato reciente de otro normalista y por la develación de los engaños y fabricaciones que desde ámbitos de poder se realizan contra la población, en este caso evidenciadas por la movilización de los estudiantes. ¡Hasta el próximo lunes!

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